“A través de las denuncias recibidas en el observatorio y en los tribunales departamentales, hemos recibido y acompañado 65 casos a nivel nacional, esos casos corresponden 36 a denuncias presentadas en los tribunales departamentales, 10 a renuncias de autoridades electas a su cargo y 19 que han sido presentadas por otras instancias como Acobol”, dijo en conferencia de prensa.

Uriona expresó su preocupación por el incremento de casos durante los primeros meses del año, y dijo que se pone en riesgo el alcance de la democracia paritaria e intercultural en el país.

La Presidenta del TSE explicó que ese informe da cuenta también de la vulneración de derechos políticos en relación a la cantidad de denuncias y renuncias a las que hizo seguimiento el órgano en esta gestión.

“Estas denuncias 18 corresponden al departamento de La Paz, seis al departamento de Potosí, seis a Cochabamba, tres a Santa Cruz, dos a Oruro y uno a Chuquisaca”, detalló.

En caso de las renuncias, la autoridad electoral indicó que una se presentó en La Paz, tres en Potosí, cinco en Cochabamba y 10 en Chuquisaca, las que no se efectivizaron porque se constató que se debían a casos de acoso y violencia política.

Manifestó que de los casos de denuncias que hace seguimiento el TSE, 36 corresponden a concejalas en el ámbito nacional, un caso a una concejal suplente, otro a una asambleísta departamental titular y una más a una suplente.

“Respecto a las características de los agresores se ha podido determinar que 72% corresponde a autoridades o miembros de los órganos legislativos, esto quiere decir que el acoso político en mayor porcentaje está ocurriendo al interior de los propios concejos municipales”, enfatizó.

Complementó que tras el análisis y la tipificación de cada caso se determinó que la mayor parte responde a actos de discriminación hacia las mujeres autoridades, presión para que renuncien al cargo que ocupan y la firma de documentos en contra de  su voluntad, como principales causales de las denuncias.