El oficialista MAS protagoniza la mayor cantidad de casos de acoso y violencia política en Bolivia

Un total de 65 casos de acoso y violencia política contra mujeres electas se registraron en los primeros cuatro meses del año, esta cantidad casi cuadriplica los casos registrados en 2017, informó el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

De esta preocupante cifra, los tribunales electorales departamentales (TEDs) recibieron 36 denuncias y 10 renuncias por acoso y violencia política; además, 19 denuncias fueron conocidas a través de reportes de la Asociación de Concejalas de Bolivia y otras instituciones.

Llama la atención que de los casos registrados en los TEDs, en la mayor parte (18 casos), las denunciantes identificaron a autoridades locales del Movimiento Al Socialismo (MAS) como los agresores, mientras que el FPV (4), el frente Majocoma del Ayllu Jesús de Machaca (2) y Demócratas, Alianza y AS (los tres con un caso) le siguen en cantidad de pertenencia partidaria de las personas denunciadas. Asimismo, los denunciantes fueron también en su mayor parte del partido oficialista: MAS con 21 casos, MPS con 4, Macojma con 2, FPV con dos, entre otros.

Todos los casos registrados en estos primeros meses fueron producto de los conocidos pactos de alternancia, en los que la titular debe dar paso a su suplente, generalmente varón, para que termine la gestión en el marco de acuerdos preelectorales.

Según revela un informe del OEP, La Paz lidera la cantidad de denuncias por acoso y violencia política con 18 casos, le siguen Potosí con seis casos, Cochabamba con seis, Santa Cruz con tres, Oruro con dos y Chuquisaca con uno. Pando, Tarija y Beni no registran casos.

El perfil de las denunciantes señala que la mayor parte son mujeres electas que forman parte de instancias legislativas municipales y departamentales. 33 casos corresponden a concejalas titulares, uno a concejala suplente, un asambleísta titular y un suplente.

El informe señala que a nivel nacional se recibieron 10 renuncias de concejalas mujeres, las mismas fueron rechazadas por el TSE para garantizar los derechos políticos de las agredidas, por lo que deben continuar ejerciendo sus funciones sin presiones.

Cochabamba

En la región se registraron en total 12 casos, según la vicepresidenta del TED, Susy Fuentes, que detalló que cinco corresponden a renuncias por acosos político, en los municipios de Cliza, Villa Rivero, dos en Shinahota y Chimoré; y siete son denuncias de acoso político, en los concejos de Colomi, Pococa, Vinto (2 casos) y Tiquipaya (3 casos).

Según el informe, 11 de los 12 casos son concejalas del MAS que denunciaron a autoridades del mismo partido por acoso o violencia política, y uno es una concejala del MNR, en Tiquipaya, que denunció a funcionarios y dirigentes del MAS por el mismo motivo. Todos los casos mencionados están relacionados con los acuerdos de alternancia.

Fuentes aseguró que, a pesar de que se recibieron cinco renuncias, todas fueron rechazadas porque se constató que se violaron los derechos de las concejalas, por lo que las autoridades continúan ejerciendo sus funciones.

Todos los casos fueron remitidos al Ministerio Público para la correspondiente investigación y sanción, en el marco de la ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

Sin embargo, la autoridad del Órgano Electoral mencionó que ninguno de los casos denunciados este año ni la gestión pasada llegaron a sentencia ejecutoriada, por lo que pidió celeridad en los procesos y lamentó que no se haga el seguimiento respectivo.

Llamó la atención que también se registraron dos casos de varones que sufrieron acoso y violencia político en Cochabamba, específicamente en el municipio de Vinto. Estos también fueron enviados al Ministerio Público para la investigación.

DATOS

Autoridades municipales, las más denunciadas. El 72 por ciento de los casos de acoso y violencia contra las mujeres fue protagonizado por alcaldes y miembros del legislativo local, aunque también fueron denunciados funcionarios y dirigentes de vecinales y políticos.

Ley obliga a incorporar mecanismos contra acoso. La Ley 243 obliga a las organizaciones políticas y sociales a incorporar en sus estatutos disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de actos de acoso y violencia política contra mujeres.

OPINIÓN

Katia Uriona. Presidenta del TSE

“No todas las mujeres que sufren acoso denuncian”

Ante el incremento de denuncias por acoso y violencia política, se está coordinando con las instancias legislativas para prevenir y eliminar estas violaciones a los derechos políticos.

Tenemos que comprometernos como sociedad y organizaciones políticas en generar garantías para la participación política de las mujeres, el porcentaje que refleja el informe no significa la totalidad de los casos que hay en el país porque muchas mujeres, por protección, no presentan sus casos.

No se está resolviendo aún esta problemática, debemos comprometernos a generar las condiciones.

Los Tiempos / Nelson Peredo