El Movimiento Al Socialismo (MAS) asegura que el plazo de 90 días para llevar a cabo los comicios en el país, que establece la Ley de Postergación de las Elecciones promulgada ayer viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra en el margen de tiempo que planteó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que señala un margen de tiempo entre junio y septiembre de esta gestión. 

De acuerdo a esta ley las elecciones generales deberían realizarse en un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo, fecha plateada inicialmente, por lo que la norma acorta un mes el plazo propuesto por el TSE, como límite. Es decir que la jornada electoral debería realizarse el próximo 2 de agosto. 

Mediante un comunicado, el MAS también responsabiliza a la presidenta Jeanine Añez y a su Gobierno por el número de enfermos y muertos por el coronavirus debido a "su gestión tardía, ineficiente, improvisada y poco transparente", además por la falta de equipos y pruebas para detectar el virus.

La organización política recordó que la comunidad internacional, durante la crisis de 2019, llamó al país a realizar elecciones lo antes posible y además remarcó que la Constitución Política del Estado señala que el plazo máximo para llevar adelante elecciones es de 90 días.

El Gobierno señaló que de acuerdo a proyecciones del comité científico, existen condiciones para que a partir del 10 de mayo se pueda flexibilizar la cuarentena, e indicó que a partir del 31 de ese mes, se tomarán medidas para retornar a la normalidad.

Líderes y asambleístas del expartido de Gobierno mencionaron que de acuerdo a las previsiones es posible ver la forma de desarrollar las elecciones, ya que se necesita una administración fuerte y elegida por voto, a fin de afrontar la crisis sanitaria, económica, social y política, ya que las secuelas del coronavirus permanecerán por un tiempo extenso.  

Las acusaciones del MAS llegan después de que la Presidenta calificara la convocatoria a elecciones como un "atentado contra la salud y contra la vida de los bolivianos". Dijo que obligar a casi 6 millones de personas a movilizarse para votar "traerá miles de contagios de Covid-19 y víctimas fatales" y responsabilizó al MAS de cualquier daño a la salud de la gente.

El Gobierno rechazó la norma y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que se observa el artículo 2 de ley “que no ha tomado en cuenta informes y datos de expertos con respecto a la pandemia del coronavirus”.