El pronunciamiento emitido a través de la cuenta de Twitter de la Mandataria también apunta a Evo Morales y Luis Arce Catacora de llamar a elecciones en plena emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

“En Bolivia el voto es obligatorio y obligar a que casi 6 millones de personas se movilicen por la calle en un solo día y en plena pandemia traerá miles y miles de contagios, y eso puede generar cientos de víctimas fatales. Lo sorprendente es que el único fin de convocar a elecciones con semejante rapidez sea la ambición personal de poder del Sr. Arce y Sr. Morales”, indica parte de la carta.

Por otro lado, la también candidata a la presidencia por la alianza Juntos expresó que es necesario llevar adelante las elecciones, pero cuando la “pandemia lo permita”. Insistió que los médicos y científicos que hacen las evaluaciones de la curva epidemiológica, sobre todo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) son los idóneos para fijar la “fecha ideal” para sufragar.

Por su parte, políticos como el excívico Luis Fernando Camacho calificó de “mezquino” pensar en elecciones en 90 días a partir del 3 de mayo en plena crisis sanitaria nacional y mundial, mientras los hospitales carecen de equipamiento.

El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, afirmó que al Movimiento al Socialismo (MAS) “nunca le importó la salud de la gente” y rechazó su intención de ir a las urnas en plena pandemia.

En ese sentido, el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz afirmó que con esta acción el MAS es una amenza a la salud de los bolivianos y que a ese partido solo le interesa la política. “La presidenta Jeanine Áñez rechazó inmediatamente la ley aprobada por el MAS, porque amenaza la salud y la vida de los bolivianos en plena emergencia el COVID-19”, escribió en Twitter.

Las reacciones antes de la promulgación de la ley no pasaron desapercibidas. Por su parte, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que apresurar las elecciones implica un riesgo para enfrentar la crisis sanitaria.

“La propuesta del TS Electoral es consistente con la necesidad de privilegiar la salud. Anteponer el interés político, apresurando la elección o pretendiendo su postergación indefinida, es cuestionable e implica un riesgo para enfrentar adecuadamente la crisis que vivimos”, escribió.

La postulante a la vicepresidencia por la alianza Libre 21, Tomasa Yarhui, aseguró que la acción política del MAS es “repudiable” porque atenta contra la vida de los bolivianos y es un acto desesperado por los cuestionamientos a sus 14 años de gestión.

Asimismo, el Gobernador del departamento de Tarija afirmó que realizar las elecciones en 90 días representa «desprecio por la vida». Afirmó que la prioridad es cuidar la salud y la economía de las familias que padecen los efectos de la pandemia.

ACCIONES LEGALES

Ortiz expresó que evaluarán las acciones legales que asumirán para que la norma sea modificada. A la vez, no descartó que la presidenta Jeanine Áñez tome alguna decisión con su equipo de asesores jurídicos.

Por su parte, juristas indicaron que la ley que aprueba 90 días para realizar los comicios vulnera el Artículo 216 del Código Penal, ya que atentaría contra el Derecho a la Salud y la Vida.

Por tanto, sugieren al Gobierno abrir un proceso por instigación pública a delinquir a quienes participaron en la aprobación. Asimismo, consideran que la presidenta Áñez debería plantear una demanda de inconstitucionalidad.

ANTECEDENTES

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 26 de marzo remitió el proyecto de postergación de las elecciones luego de que el Legislativo declarara estado de emergencia y estableciera la cuarentena total en el país. La norma proponía un rango de fechas entre el 7 de junio y el 6 de septiembre, período en el que la entidad electoral definiría la jornada electoral bajo criterios técnicos, científicos y recomendaciones de organismos internacionales que orientaran sobre el comportamiento de la pandemia en el país.

El 27 de marzo, los diputados del MAS decidieron que mientras dure la cuarentena no tratarían el entonces proyecto de ley de postergación de las elecciones ya que se dedicarían a tratar “leyes urgentes” para combatir el coronavirus. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, observó una supuesta falta de consenso de las organizaciones políticas y advirtió que el proyecto podría ser devuelto al OEP, ninguna de estas afirmaciones se llevaron a cabo.

Aproximadamente un mes después, el 24 de abril, el presidente del TSE, Salvador Romero, se reunió con la Comisión de Constitución de Diputados para explicar los alcances del proyecto de ley y además plantear una modificación del rango de fechas entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Las nuevas fechas se debían al alargue de la cuarentena hasta el 30 de abril.

Pese a las explicaciones y los argumentos de preservación de la salud así como los fundamentos técnicos que permitan realizar tareas óptimas para el proceso electoral, el 29 de abril, el MAS con sus 2/3 en la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle la Ley de Postergación de Elecciones con un plazo de 90 días (desde el 3 de mayo hasta el 3 de agosto) para definir la fecha de votación.

Romero –quien estuvo presente en el debate de los legisladores- afirmó que la norma aprobada reduce la posibilidad de definir la fecha para el proceso en función a criterios técnicos, logísticos y científicos respecto a la evolución del coronavirus.

“La propuesta que aprobó la Cámara de Diputados difiere del planteamiento del TSE debido a que da 90 días a partir del 3 de mayo y esto implica un recorte del tiempo propuesto, y reduce, de alguna manera, la posibilidad de seleccionar una fecha de acuerdo con los parámetros técnicos y científicos de la evolución de la emergencia”, aseguró la autoridad del TSE.

Ayer la Asamblea Legislativa aprobó la norma de los comicios a las 19.00. Sin embargo, la Presidenta envió las observaciones respecto a la ley porque representa un riesgo para la salud y que no se estarían considerando criterios científicos sobre la pandemia. Además de las contradicciones con la Ley 1293, que declara de interés y prioridad nacional la lucha contra el coronavirus.

“En ese sentido, convocar a la población votante antes de lo propuesto por el Órgano competente en materia electoral sería exponerla a un mayor riesgo de contagio. En el proceso de elección existen muchos procedimientos, en los cuales existe el riesgo de aglomeración de personas”, explicó Áñez en una parte de la nota.

Pese a estos criterios que obligaron a la Asamblea a reconsiderar la ley aproximadamente a las 23.00 y acusados por el senador Óscar Ortiz de realizar una sesión sin previa convocatoria, el Legislativo con su mayoría masista ratificó la ley de elecciones.

El Órgano Electoral aún no emitió criterios sobre la aprobación de la ley. Mientra, el Ministro de la Presidencia realizó una conferencia de prensa donde expresó que el MAS nunca se preocupó por la salud y solo se preocupa por hacer política en medio de la pandemia.