Los antecedentes son conocidos. Tras los hechos de octubre y noviembre del año pasado que derivaron en el derrocamiento del presidente Evo Morales y la conformación de un gobierno provisorio, un acuerdo político dejó sin efecto legal el resultado de las elecciones 2019, viabilizó la designación de nuevos vocales electorales y trazó la ruta y plazos para la convocatoria de nuevos comicios. En ese marco, el TSE hizo la convocatoria y aprobó un calendario electoral de 120 días hasta la jornada de votación.

Cuando el proceso electoral ingresaba en su recta final, la cuarentena decretada por el Ejecutivo obligó al TSE a dejar en suspenso las actividades del calendario. Ello implicó la postergación de facto de los comicios y el consecuente debate sobre la nueva fecha. En ese marco, sin acuerdo con todas las fuerzas políticas, el TSE elaboró un proyecto de ley proponiendo un “rango de fechas” (entre junio y septiembre) para concluir el proceso. La Asamblea se inclinó por reducir ese rango a 90 días.

El plazo adoptado en la Asamblea implica que la jornada electoral se realizará como máximo en agosto. Para el efecto, el TSE debe reiniciar las actividades pendientes del calendario electoral, considerando que faltan 42 días previos a la jornada de votación. Ello ocurrirá probablemente la última semana de junio. En ese marco, julio será decisivo para el esencial proceso de sorteo y capacitación de jurados electorales. Será también el período más intenso de la campaña, incluidos medios masivos.

Así las cosas, la gran pregunta, con poca información y alta incertidumbre, es cuál será la situación de la emergencia sanitaria en el país a fines de junio. El único dato cierto es que desde el 11 de mayo se empezará a flexibilizar la cuarentena. Dependerá entonces de cómo evolucionen los contagios. Según el Ministro de la Presidencia, “si cumplimos con las normas de bioseguridad…, antes del 31 de mayo vamos a estar volviendo a la normalidad”. Votar en agosto, por tanto, sería técnicamente posible.

Si bien las condiciones para llevar a buen puerto el proceso electoral dependen en primer lugar de la pandemia, es evidente que también interviene en ello el cálculo estratégico de todos los actores políticos. Lo hizo el MAS al definir el plazo de 90 días. Lo hace el Gobierno, con su candidata-presidenta, al pretender dilatar sin fecha los comicios. Lo hacen también otros candidatos como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Lo irrefutable es que Bolivia necesita, para enfrentar la crisis con acuerdos, un Gobierno legítimo emanado de las urnas.