En democracia participativa y plural con ética e inteligencia, la política implica negociación de agendas, diálogo abierto, debate jurídico-social  e intervención de redes y actores que se movilizan en defensa de los bienes e intereses generales de la sociedad. 

Por el contrario, Instaurar visiones ideológicas, movilizar recursos  públicos imponiendo la mayoría parlamentaria (2/3 de votos del MAS) para ganar elecciones en plena crisis humanitaria del COVID-19, representa insensatez e insensibilidad, a un coste que ellos deberían ahorrarse, respetando la memoria de fallecidos y evitar la afrenta a la sociedad  boliviana y mundial.

La lógica incontestable del  legislativo: de donación, austeridad y las políticas de sufrimiento masivo como consecuencia de más de 1.110 infectados, fallecidos y recuperados 111 en nuestro país y en el mundo con más de 3.1 millones de personas contagiadas y 220.000 muertos, parecen reducir la priorización del problema  de salud que golpea especialmente a los multiplicados por el régimen del expresidente que viven en pobreza y extrema pobreza. Y, por un simple análisis vertical, de llevar adelante las elecciones generales a cualquier coste en 90 días, sin valorar el sentimiento nacional de acatamiento a la cuarentena ampliada responsablemente por el gobierno hasta el 10 de mayo. 

La propuesta escrita e informe oral del Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Cámara de diputados en la sesión de hoy (29-04-2020), donde se debate el proyecto de ley y se fijará la fecha para las elecciones del 2020-2025, en  su filosofía humanitaria y de respeto a las autoridades y al pueblo  de Bolivia, arranca un entendimiento de disposición con el Órgano legislativo, instancia  que sin ninguna pedagogía política –impondrá el rodillo-, sin interesar el guión constitucional y ningún mínimo de clemencia con el dolor de las familias de Bolivia.

La madre de todos nuestros problemas puede que resida  en que nuestras instituciones no superan sus propios bloqueos legales, convirtiéndose en fuentes principales de desequilibrio, desorden, temor e incertidumbres. 

Estamos ante la cruda evidencia de que la gran mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional (MAS-IPSP), revivirán a Bismarck de que la política siempre es el arte de lo posible, al tomar decisiones forzadas cualesquiera sean las consecuencias, irresponsabilidad que sin duda, va a pagar con el futuro de nuestros niños, jóvenes y familias, los excesos y arbitrariedades al no respetarse la Autonomía e independencia y competencia del TSE (arts. 4.10 y 6.1 de la Ley 018 Ley del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010).

En este contexto, a todos nos gustaría que seamos un país no en crisis, sino moderno y avanzado, a partir del fortalecimiento de nuestras instituciones. Por citar, por qué los senadores y diputados demócratas, Defensor del Pueblo, Presidenta de la República, Asambleístas y máximas autoridades ejecutivas de las entidades autónomas  (arts. 202. 1 CPE y 74 CPC) no demandan la inconstitucionalidad abstracta de la Ley Nº 421 de 7 de octubre de 2013 en su arts. 1º y 2º , que al modificar los arts. 50.I incisos. d), e), 56.I y 57.I de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, reforma  el sistema Distribución de escaños uninominales y especiales en cada departamento. Así, de los 130 diputados, 70 son  uninominales  y tomando como base el padrón electoral de 6.974.363 millones de electores (2020-2025), resulta que los pobladores urbanos eligen sólo a 27 diputados uninominales (38%) y los electores rurales sufragan para elegir a  43 uninominales (61%) incluidos los 7 representantes de comunidades indígenas originario campesinas. Significa que los pobladores rurales que no alcanzan ni al 40% del Padrón Electoral Nacional su voto pese a ser minoritario cuantitativamente, tiene mayor valor que el voto de las ciudades, tanto es así, que en la fórmula precedente tienen 16 representantes más; distribución que vulnera los arts. 26 Y 208 de la Constitución y contraviene los principios de igualdad, objetividad, transparencia y proporcionalidad (arts. 1, 8.II, 9.II, 22, 26.I.II, 146.I.II.III.IV.V.VI y VII CPE y arts. 2 incisos e) y j), 3 y 43 inciso a) de la Ley del Régimen Electoral Nº 026: art. 1 DUDH; 25 incisos a, b) y c) PIDCP). Ante esta realidad desproporcional y discriminatoria ¿se puede hablar de un  proceso electoral digno e igualitario? Y quién garantiza que sea así.

Otro gran reto que tienen que afrontar las autoridades legitimadas, es demandar la inconstitucionalidad de la Ley 096 Ley General de la Hoja de Coca de 8 de marzo de 2019, que al ampliar las plantaciones de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, legalizando en 10.000 has, las que están destinadas al comercio ilegal  y materia para la fabricación de cocaína  y tráfico (94%) vulnera los derechos a la salud y bienestar de las personas y medio ambiente (Arts. 33, 35.I.II, 36.I.II CPE; 25.1 DUDH y  Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Controladas de 20 de octubre de 1988).  Otra situación cuestionable, será la probable inconstitucionalidad de la Ley  (en trámite) que rebaja en 50% los alquileres de inmuebles, familiar, comercial e industrial, al  contravenir  el derecho a la propiedad privada, individual o colectiva (art. 56.I.II CPE y  17.1 y 2 de la DUDH).

Concluyo, citando a Esquembre, Mar (2016,207): “El Estado social debe construirse sobre la sostenibilidad de la vida y no  bajo la lógica productiva del mercado, lo que significa poner en valor la salud y cuidado de las personas”.