Uriona, al hacer conocer el informe del Observatorio de la Paridad Democrática, dependiente del TSE, dijo que 36 denuncias fueron presentadas a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y 19 en entidades como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y otras.

Asimismo, se registraron 10 renuncias por violencia y acoso político, pero no se efectivizó ninguna.

De esa cantidad, el departamento de La Paz tiene registradas 24 denuncias y 1 renuncia; Cochabamba, 5 denuncias y 5 renuncias; Santa Cruz, 3 denuncias; Potosí, 3 denuncias y 3 renuncias; Oruro, 2 denuncias; y Chuquisaca 1 denuncia y 1 renuncia.

Del total de denuncias, según el informe del TSE, 33 corresponden a concejalas titulares y un suplente, y a un asambleísta titular y su suplente.

También se indicó que el 94% de las denuncias recibidas fueron remitidas al Ministerio Público y se evidenció que el 100% de las autoridades denunciantes está en el ejercicio de su cargo, y que no volvieron a reportar hechos de acoso y violencia política.

Principales causas

Según Uriona, cuatro son las causas de renuncia; la primera tiene que ver con la presión que ejercen los suplentes varones, “al haber alcanzado la mitad de su gestión y por el sistema de rotación o gestión compartida en municipios y a nivel de asambleístas departamentales”.

Otra de las causales tiene que ver con la fiscalización, “utilizada con fines de coacción para obligar a las autoridades mujeres a presentar renuncia al cargo”.

Uriona indicó que el acoso y violencia política se presenta “en forma de amenazas, intimidaciones, agresiones verbales, agresiones físicas y retención de personas contra su voluntad”.

Explicó que el TSE, para encarar esta situación, remite las denuncias al Ministerio Público y se constituye en parte coadyuvante, además sistematiza los reportes para acompañar y asesorar a las mujeres electas. 

También genera espacios de capacitación de la Ley 243 y del reglamento para la protección de los derechos políticos de las mujeres.

Asimismo, solicita audiencias con los concejos municipales y asambleas departamentales en los que existen estas denuncias, así como con las dirigencias de las organizaciones políticas, para garantizar los derechos políticos de las féminas.