La presidenta del TSE, Katia Uriona, señaló que con estas cifras de denuncias se da cuenta de que “se está poniendo en riesgo lo que es los alcances de la democracia paritaria e intercultural en el país”.

Precisó que de los 65 casos a nivel nacional, 36 son denuncias ante los tribunales electorales departamentales, 19 presentadas por otras entidades como la Asociación de Concejalas, y diez casos de renuncias forzadas a mujeres.

Explicó que entre las prácticas de acoso y violencia que se reportaron están: actos discriminatorios, presión para renunciar, la firma de documentos contra la voluntad, restricción del uso de la palabra y presión sobre las familias.