El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, alertó de la detención de un bus, la noche del domingo, en la localidad de Montero, sin permiso de circulación, algo esencial mientras rige la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

El transporte tenía como destino el departamento de La Paz. Iba con un grupo de legisladores nacionales de varios partidos, según la autoridad.

"La ley es para todos. Esa flota necesitaba un permiso", recriminó Murillo al asegurar que dio la instrucción de que "cumplan" en tramitar el certificado de autorización, para que los legisladores "sigan viaje" a La Paz.

"Las diputadas y diputados tenemos una obligación civil con el Estado y la población. Debemos sesionar para aprobar la ley que permitirá a nuestros ciudadanos la reducción al 50 por ciento del pago de alquiler y a los rentistas se les otorgará reducciones similares en el pago de impuestos", fue el reclamo en Twitter del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria.

DENUNCIAS Choque denunció al Gobierno nacional por violar la Constitución Política del Estado (CPE) al impedir que puedan asistir a la sede de sus funciones en La Paz para desarrollar su trabajo parlamentario.

“Nos sorprende la acción del Gobierno que está impidiendo ejercer este derecho constitucional que tenemos los parlamentarios. Ningún decreto supremo puede estar por encima de la Constitución Política del Estado, que en su Artículo 151, Numeral 2, señala que (los parlamentarios) tenemos derecho a sesionar a nivel nacional; por eso estamos preocupados y denunciamos esta actitud del Gobierno que está impidiendo hacer la fiscalización, nuestro trabajo legislativo”, subrayó.

Choque anunció la presentación de una Acción de Libertad en contra del jefe policial de Montero y también adelantó que se presentarán denuncias ante organismos internacionales, ya que considera que el operativo policial en Montero va en contra de los derechos de los asambleístas.

El diputado del partido azul Edgar Montaño, uno de los retenidos, denunció que se vulneró los derechos de los parlamentarios, por lo cual anunció que elevará su reclamo ante instancias internacionales, incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Señaló, según ERBOL, que fue una represalia por denunciar el viaje de la hija de la presidenta Jeanine Áñez a Roboré en un avión del Estado. A su vez, pidió que se acelere la interpelación al Ministro de Gobierno.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aclaró que los permisos de circulación se exigen a todos por igual, sin ningún privilegio ni discriminación.

 “Si este asunto ha causado algún tipo de incomodidad, lo lamentamos en el caso de los parlamentarios y expresamos nuestras disculpas, recordando que lo único que se hace es cumplir la normativa en beneficio de la salud pública”, añadió.

POLÉMICA Mientras tanto, los jefes de campaña del MAS y Juntos, Evo Morales y Óscar Ortiz, respectivamente, polemizaron a través de las redes sociales esta situación.

"Diputados del MAS de Santa Cruz denuncian que anoche fueron impedidos de viajar a La Paz en bus para asistir a sesión de Asamblea que definirá fecha de elecciones para 2020", escribió Morales, en su cuenta de Twitter.

El exmandatario acusó al senador Ortiz, del partido de la presidenta Jeanine Áñez, de haber prometido a los legisladores "un vuelo a cambio de postergar comicios para próximo año".

Las elecciones bolivianas debían celebrarse este 3 de mayo, pero el organismo electoral vio conveniente suspenderlas, aunque sin una fecha definida, por la pandemia del COVID-19.

La respuesta de Ortiz no se dejó esperar. A través del mismo medio, negó las acusaciones y acusó a Morales de buscar desestabilizar el país.

“Evo Morales miente. Ni se les ha ofrecido vuelos ni se ha condicionado el voto de nadie. Es responsabilidad de cada parlamentario definir una posición sobre el proyecto de ley presentado por el TSE para postergar las elecciones. Quien presiona para desestabilizar es Evo”, afirmó.