El acceso a la información pública se ha convertido en un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información del Estado. El ejercicio de este derecho fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y la gobernabilidad.
La necesidad de transparentar la administración del Estado impulsó demandas que se englobaron bajo la denominación de “el derecho a saber” o “romper con la cultura del secreto”, que aún prevalece en muchas reparticiones.
La información pública no sólo es un derecho humanos básico y fundamental sino también un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos como los económicos, sociales, políticos y culturales.
La información veraz y oportuna permite a los ciudadanos planificar y tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar las condiciones de vida. Con el acceso a la información pública se pueden proteger derechos y prevenir abusos del Estado, así como luchar contra otros males como la corrupción y el autoritarismo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, y protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades de las restricciones de la Convención.
Así se ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.
La Organización de Estados Americanos ha proyectado la Ley modelo sobre acceso a la información y recomienda a los Estados que esta ley se aplique a “toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del gobierno (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal) […]; a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes y […] a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), o que desempeñan funciones y servicios públicos…”
En la interpretación de la Comisión interamericana, el derecho de acceso a la información impone al Estado la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en cuanto a: (a) la estructura, funciones, presupuesto de operación e inversión del Estado; la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos —por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación—; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere.
En todo caso, la información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Y como hay sectores de la población que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y muchos de esos derechos pueden depender de que conozcan la información sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces y honrar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias.
El acceso a la información pública además garantiza el ejercicio de otros derechos; por ejemplo, si el gobierno chino hubiera informado veraz y oportunamente sobre la existencia y los efectos devastadores del coronavirus, haya facilitado el control y evitado la propagación de la pandemia y salvado mucho más vidas en el mundo.
En cualquier caso, Bolivia necesita una Ley de acceso a la información pública, y así ponerse a tono con la comunidad internacional y el sistema interamericano que demandan una normativa específica, condición sine qua non para avanzar en la institucionalización de la transparencia y la modernización del Estado, máxime ahora como consecuencia del coronavirus y los cambios que se imponen en la faz del universo.
