Se debe recordar que la actual gestión parlamentaria es ilegítima e ilegal, ya que debió haber terminado sus labores al finalizar su mandato en enero pasado, pero arbitrariamente se prorrogó por siete meses más (y ahora quiere prorrogarse otro tiempo más), gracias a una autodecisión que impuso el masismo mediante un proyecto de ley continuista que hizo promulgar a la presidenta Jeanine Áñez en momentos difíciles para el país. También aprobó un proyecto de ley de amnistía para todos los funcionarios corruptos del régimen depuesto, pero que, atinadamente, vetó la mandataria.

Entre los argumentos que esgrimió la bancada del MAS para la aberración prorroguista estaba uno que decía que había el peligro de que se cree un “vacío de poder” y otro sobre que era impostergable la elección del nuevo Defensor del Pueblo, punto que estaba en consideración, pero que tan pronto pasó la crisis fue postergado hasta hoy.

A lo largo de la gestión de enero al presente, la Asamblea Plurinacional aprobó principalmente dos proyectos grandes y varios pequeños sin poder estudiar otros, ingresando en esa forma a una estado de coma que se convirtió en una vacación permanente con motivo de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, pretexto que le sirvió para prolongar el receso y gestionar nuevos beneficios sociales, protección contra el virus y discutir en forma bizantina para oponerse a donar una parte de sus jugosos salarios a las víctimas del virus.

No dejamos de recordar que la actual gestión asambleísta es la continuación de la anterior dominada por el MAS, con el indisimulado fin de seguir gozando de las delicias del poder y aprovechando del presupuesto nacional financiado por el pueblo enfermo y en la miseria, debido al cretinismo parlamentario.

La prórroga ilegal e ilegítima legislativa actual es, al mismo tiempo, de gravedad en el momento de crisis económica que vive el país por la pandemia, la caída del precio del petróleo y otras materias primas y el estado catastrófico en que dejó a Bolivia el gobierno de Evo Morales - Álvaro García Linera.

Confirmando el daño que la Asamblea prorroguista causa al pueblo boliviano, se recuerda los siguientes gastos: cada asambleísta titular cobra de sueldo 22.525 bolivianos al mes, por lo que en siete meses cada uno ganará un total de nada menos que 157.675 Bs. Así la suma total que en siete meses ganarán llega al total de 26.174.050 Bs. Además, los parlamentarios no titulares que también perciben sueldos y otras canonjías significarán para el pueblo un gasto total de 8.724.296 Bs.

En total, la burocracia asambleísta insensible y satisfecha cobrará con el amparo de una prórroga ilegal e ilegítima más de 35 millones de bolivianos en siete meses… sin trabajar.