La oligarquía sindical cocalera reitera continuamente amenazas a la policía y a las FFAA, lo que, en esencia, significa rebelión en contra el Estado de derecho.

El coronavirus está probando la capacidad del Estado para enfrentar una situación excepcional con recursos excepcionales, los que se justifican por su deber de preservar la salud y la seguridad con todos los medios disponibles, públicos y privados. Para esto, se atribuye al Estado el monopolio de toda violencia legítima en el territorio, y al Gobierno, en nombre del Estado, de imponer el orden donde existan conductas de insubordinación ante la ley.

Sin embargo, política es percepción y proyección. Como el Gobierno no enfoca los problemas con visión estructural y con proyección geoestratégica, la improvisación de la coyuntura es la respuesta. El problema de la ingobernabilidad en el Chapare plantea el problema, no del exceso sino, del defecto de poder, del poder incapaz, no tanto del mal uso del poder sino del no uso. Es relevante el problema del Ejecutivo que no logra, por debilidad o por incompetencia, ejercer el poder que el pueblo le ha atribuido para cumplir con su deber fundamental de escuchar y de proporcionar el principal fin del Estado: orden interno y externo.

En el Chapare se consideran libres de la obligada obediencia al Gobierno, propiciando, como fanáticos en coro, la apología del delito ignorando que los factores del poder nacional han cambiado y que su supremacía unilateral terminó. Su dogmatismo ideológico, demagógico y aislacionista, muestra su contradicción confrontados con los resultados de la madre de nuestros fracasos: la pobreza.

Al Gobierno le compete la interpretación de la legalidad. Ellos deciden qué es legal y cuándo un acto es ilegal, pero todo ejercicio de potestades conferidas debe sustentarse en la legalidad y la legitimidad para que su autoridad sea cumplida. Poder que no se ejercita, poder que se cede. No se trata solo del éxito o fracaso de la lucha contra el virus, sino de un problema de seguridad nacional, por lo que cabe exigir la lealtad al orden y a la disciplina general, y cuanto más tarden su intervención las unidades policiales y militares en la región, más servidumbres y menos pasividad y sumisión de los pueblos enfrentarán.

Si el Gobierno se empeña en gobernar sin concertación y con amenazas de represión continuara perdiendo el control del poder público territorial y terminará ocasionando que la actual sedición se convierta en rebelión, con la formación de guerrillas. Debe ser consciente de que carga con un lastre populista que vuelve viable la salida violenta. Si no se toman las decisiones correctas, el riesgo es la colombianización de Bolivia.

La salida sensata a la crisis pasa por el reencuentro de la legalidad y la legitimidad para restablecer el Estado de derecho en el Chapare. Un gobierno inteligente procura siempre ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión.

El autor es abogado Constitucionalista, [email protected]