La pandemia mundial causada por el Covid-19 no solo ha puesto al descubierto algunas falencias del orden mundial globalizado, sino que también ha desnudado falencias de carácter local y otras de índole nacional, en el precario Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta problemática merece un análisis, un intento de aproximación, que se debe abordar desde una crítica a la estructuración del poder y su desempeño.

En un artículo publicado en el diario español El País, hace siete días, se muestra como los sistemas de Alemania y Francia, el país federal y el país centralizado por excelencia en la Unión Europea, respectivamente, han gestionado la crisis con resultados dispares: 3.868 muertes en el primero y más de 18.000 en el país galo, según el último recuento.

Estos resultados, que demuestran el mejor desempeño de una forma de estructurar el Estado sobre la otra, no pueden entenderse en principio –en el caso federal- sin la implementación de la ideal liberal y el principio de legalidad, resultado de la limitación del poder del soberano que se consolida en el siglo XVII.

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Mirando a nuestro peculiar Estado Plurinacional -antes república-, podemos evidenciar que es un estado centralista y cuya conformación de poder es heredera del tercer estado francés (estructura utilizada por su personaje más celebre: Napoleón Bonaparte, emperador de Francia). Este centralismo heredado, concentra el poder en las manos del presidente. A pesar de que las guerras que se libran en la Europa de la época tienen la consigna de las ideas liberales y de la ilustración, Francia se convierte en una monarquía y, con ello, el principio fundacional del liberalismo desaparece: “Principio de legalidad en el actuar del rey”.

La centralización del poder en Bolivia, tiene su origen en la fundación de la república; la primera constitución de Bolivia fue redactada por Simón Bolívar, el “protector supremo y vitalicio”, en 1826. Esta estructura centralista subsiste hoy y, en el transcurrir del tiempo, atravesó una etapa que buscaba la homogenización de la plurinacionalidad boliviana, a través del nacionalismo propuesto por el MNR y la revolución de 1952.

Ahora bien, la crisis sanitaria que enfrentamos y que no tiene parangón en nuestra historia, nos muestra, más allá del estado desastroso y precario del sistema sanitario, las debilidades del sistema centralista y la forma de estructuración del poder: todos los bolivianos debemos mirar al poder establecido en La Paz para buscar solución al problema de los hospitales. Si bien hemos sufrido el autoritarismo del MAS durante 14 años, no es menos cierto que el entramado legal y burocrático del Estado boliviano ocasiona que el manejo de la crisis se complique debido a la excesiva concentración del poder en manos del presidente.

La desproporcionalidad en la distribución del poder es tal, que permite, por ejemplo, que el gobierno central –en manos de Evo Morales- administre desde La Paz el 91% del total del presupuesto general del Estado; y el saldo sea distribuido entre gobernaciones, universidades y alcaldías. El discurso pro autonomías del MAS, se queda solo en eso; mientras que el mismo entramado legal y burocrático generado en la constitución de 2009, hace que la autonomía y las luchas libradas sean estériles. El poder omnímodo del presidente Evo Morales y su beligerancia contra la autonómica regional, llevaron al centralismo a confiscar a los departamentos cerca de quinientos millones de dólares de los recursos asignados por el IDH, para tratar de salvar el descalabro de una política energética, matizada por la militancia de quienes dirigieron YPFB y dejando de lado la meritocracia y la independencia de la empresa estrella del Estado.

A todo lo anterior, podemos agregar que, ante el tamaño del desastre causado por el expresidente Morales y su exministro Luis Arce Catacora, la actual administración (de tradición austera), ha reducido el gasto público en mil millones de dólares y ha dado prioridad a la inversión en el eje troncal productor: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Si bien la inversión en los departamentos más afectados por el Covid-19 es significativa, los fondos no pueden ser destinados para la atención de la contingencia por los procedimientos establecidos para reestructurar las partidas; al menos, no en las cantidades demandadas.

El Covid-19 llegó a Bolivia. El país que, según la misma OMS, tiene el peor sistema de salud, solo por detrás de Haití, debe enfrentar a este mal; pero, desgraciadamente, las circunstancias y, sobre todo, la demanda mundial de insumos médicos y de reactivos, han limitado el poder de acción del gobierno, cuya buena voluntad no puede ser puesta en tela de juicio bajo ninguna circunstancia.

Las limitaciones de los administradores son objetivas, en tanto que las otras, provienen de quienes deberíamos actuar en consecuencia con nuestra titularidad del poder: “la soberanía reside en el pueblo”. Se hace referencia a la cultura de “irrespeto” a las normas y a la obediencia frente al poder legal constituido del Estado y que tiene el deber de protegernos. Esta expresión cultural de “irrespeto” está presente desde la fundación de la república: las élites criollas dan forma al Estado para mantener sus privilegios y sus negocios; solo se “suplanta clases’ como establece el profesor H.C.F. Mansilla, pero no se cambia el sistema político impuesto por la colonia. Citando otro ejemplo de la instrumentalización del poder a favor de intereses privados, las roscas mineras de principios del siglo XX imponían al presidente de la república, con el objetivo de utilizar al Estado a favor del negocio del estaño.

La historia de Bolivia y la precariedad de nuestros políticos (caudillos en su gran mayoría), ha desarrollado un sistema cultural de poder y de jerarquías. Por una parte, el presidente con atribuciones de monarca; y, por el otro, los súbditos jerarquizados que lo sirven y que buscan instrumentalizar al poder para beneficio propio.

Finalmente, las instituciones llamadas a desplegar el poder del Estado y la defensa de su soberanía, son insuficientes. El centralismo no comprende la realidad diferenciada y objetiva de los nueve departamentos: ¡no tenemos la misma realidad! Santa Cruz tiene alrededor de tres millones de habitantes (datos del último censo y de cuya objetividad dudamos) y la cantidad de policías asignados a nuestro departamento según datos de 2.016: era de 6.623 uniformados. Según estimaciones del Coronel Rubén Suarez, para el año 2.017, Santa Cruz necesitaba –en el peor de los escenarios- 25.000 policías.

Entonces, ¿cómo pretende el Estado ejercer su soberanía y desplegar su fuerza para protegernos?

Se ha recurrido a los militares, se ha dictado un “estado de excepción” que limita el ejercicio de los derechos, y, aun así, la realidad en las calles muestra el fracaso de la cuarentena. Con una cantidad de contagios que va en aumento y sin haber llegado al tope de la curva, la centralidad del poder, la cultura de irrespeto desarrollada y la incapacidad de ejercicio de la fuerza por parte del Estado para preservar la salud de los bolivianos, evidencian las fallas estructurales en la administración de nuestro país: Si no puede ejercer la fuerza; si no garantiza la seguridad y la salud; si no administra justicia; si no tiene presencia en las fronteras; si no garantiza elecciones libres e informadas; si no garantiza una educación científica, etc. ¿Para qué está el Estado Plurinacional de Bolivia?

El Covid-19 ha revelado las fallas estructurales de Bolivia y su inexistencia como Estado.

*Abogado