La presidenta del TSE, Katia Uriona, señaló que con estas cifras de denuncias se da cuenta de que "se está poniendo en riesgo lo que es los alcances de la democracia paritaria e intercultural en el país".

Precisó que de los 65 casos a nivel nacional, 36 se tratan de denuncias presentadas ante los tribunales electorales departamentales, 19 son denuncias presentadas por otras entidades como la Asociación de Concejalas, y 10 son casos de renuncias forzadas a mujeres.

Explicó que entre las prácticas de acoso y violencia que se reportaron están: actos discriminatorios, presión para renunciar, la firma de documentos contra la voluntad, restricción del uso de la palabra y presión sobre las familias

Uriona mencionó que la mayoría de las víctimas son concejalas, pero también hay casos de asambleístas departamentales. 

Entre los denunciados, la mayoría son de concejos municipales, luego están dirigentes de organizaciones sociales y por último ejecutivos ediles. Asimismo, la autoridad señaló que en 21 de los casos las denuncias fueron contra autoridades del Movimiento Al Socialismo y el resto de otros partidos. 

En cuanto a los casos de renuncia, uno se registró en La Paz, tres en Potosí, cinco en Cochabamba y uno en Chuquisaca. Uriona aclaró que en todos estos casos no se efectivizó la renuncia, puesto que se detectó que hubo acoso y violencia política de por medio.

Uriona alertó que estos no son todos los casos de violencia política, porque se conoce que hay autoridades mujeres que prefieren no denunciar para evitar mayores conflictos.

El TSE también advirtió que son ilegales los acuerdos para "rotar" a las autoridades electas a mitad de su gestión. Esto debido a que existen casos de mujeres que son obligadas a renunciar con el argumento de que de be compartir su gestión con su suplente varón.

Anunció que gestionará encuentros con las entidades en que se reportaron las denuncias y los partidos para que se garantice una gestión libre de acoso y violencia para las mujeres.