¿Hasta cuándo se permitirá esta suerte de tierra de nadie en el trópico de Cochabamba? ¿Acaso no rigen las mismas leyes para todos los bolivianos? ¿Por qué los pobladores del Chapare quieren “gobernarse” afrentando las normas e instituciones del Estado? ¿Por qué se rechaza la presencia de la Policía en ese lugar?

La violencia y la prepotencia una vez más fueron noticia en Bolivia, esta vez en Shinahota, donde las fuerzas del orden fueron expulsadas con amenazas y actitudes intimidantes, llevando al repliegue de los policías que llegaron a la zona en el marco de las acciones que impone la cuarentena en el país por causa de la pandemia del coronovirus.

Las redes sociales estallaron con videos donde una muchedumbre iba contra las instalaciones, vehículos y efectivos policiales, envalentonada porque ese día el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, Omar Claros, “dio un plazo de 24 horas a los uniformados para que abandonen la zona” (“Reportan que pobladores de Shinahota expulsaron policías que acababan de retornar a esa región”, EL DEBER, 16.04.2020).

A ver, a ver, un momentito: ¿Quiénes se creen que son? ¿Pueden ciudadanos comunes y silvestres, amenazar a la autoridad? ¿De qué privilegios gozan para afrentar la seguridad del Estado? ¿Por qué tanta preocupación por la Policía en ese lugar?

Comentando el tema con un reconocido economista boliviano que prefiere mantenerse en el anonimato, coincidimos en que tal situación tiene que ver con el negocio de la hoja de coca, he aquí su importante análisis: “Según el Informe UNODC 2017, en base a datos oficiales, en Bolivia se comercializaron para el consumo interno un total de 22.967 TM de coca (casi 50,6 millones de libras) a un precio de venta al raleo de Bs 120/libra, lo que quiere decir que ese año la comercialización de hoja de coca movió 872 millones de dólares. Ese mismo año, el Informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 2017 indicaba que la facturación de restaurantes y supermercados fue de casi 647 millones de dólares. Es decir que, en base a datos oficiales, en 2017 la venta de coca para consumo tradicional fue un 35% más que los ingresos de restaurantes y supermercados”. ¡Pingüe negocio! Eso, sin contar la coca del Chapare que, no sirviendo para acullicar, pijchar o “coquear”, se usa mayormente para producir cocaína, ¡por ahí viene la mano!

“Muerto el perro, se acaba la rabia” dice el refrán. Está claro lo que hay que hacer, por el bien del país y por el bien de la humanidad misma.

El autor es economista, magíster en comercio internacional