Se ha empezado a cumplir uno de los temores más profundos de la clase política boliviana: que en el Chapare se cree un “territorio liberado”, que no esté bajo control de las autoridades nacionales. Esas son las semillas que luego pueden traer movimientos irregulares y, si ello sucediera, las consecuencias serían impredecibles.

Desde noviembre hasta el pasado fin de semana, los pobladores del Chapare expulsaron dos veces a la fuerza del orden, hecho que no se vio en otra región del país. Aunque sus dirigentes aseguraron en su momento que no es necesaria la presencia policial, los datos y hechos sostienen que el trópico es la zona roja del narcotráfico y de la trata.

El fin de semana, pobladores de Shinahota rompieron la cuarentena que se cumple por el coronavirus y fueron hasta la estación policial para expulsar a los efectivos. Lo mismo ocurrió en Villa Tunari y Chimoré.  El conflicto surgió porque la gente, la gran mayoría cocaleros, no quería que los uniformados cumplan sus funciones porque ya habían “coordinado con los militares”.

Pero el conflicto entre cocaleros del Chapare y policías no cesa desde noviembre del año pasado, cuando –tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia- los pobladores decidieron expulsar a los policías en señal de protesta por la salida del entonces presidente y además máximo líder de las Seis Federaciones de cocaleros.

Una vez posesionado el gobierno de Jeanine Añez, se hicieron diferentes patrullajes antidroga en el trópico. El pasado 14 de enero agentes antidroga llegaron hasta Valle Sacta, del trópico de Cochabamba, y en siete horas de rastrillaje encontraron 15 fábricas de pasta base de cocaína.

Pero, en medio de una pandemia, la situación recientemente presentada adquiere otras proporciones. Según imágenes distribuidas por usuarios de redes sociales, cientos de personas se dieron cita en puertas de la Policía de la localidad de Shinahota y lanzaron insultos a los efectivos, que habían llegado un día antes. Los policías, al verse rebasados, prefirieron abandonar el lugar.

Esta es una actitud inaceptable de la dirigencia masista, que al día siguiente intentó justificar, afirmando que los vecinos habían actuado de manera “espontánea”. Alguno que otro lamentó los hechos.

La Policía debe poder ingresar a cualquier rincón del territorio boliviano, pero lamentablemente ello no es así. En zonas limítrofes como San Matías, en la frontera con Brasil, tomada por el narcotráfico, y en vastas zonas de Potosí y Oruro, intervenidas por los contrabandistas, no existe real presencia estatal. Tampoco en el Chapare.

El MAS de esa región, con su relación íntima con los cocaleros (son la misma cosa), termina coludiéndose con el narcotráfico, porque se sabe que la mayor parte de la  coca de la zona se convierte en droga.

Pero los mecanismos de solución a este problema no son fáciles. La militarización, por ejemplo, o el intento de dominio policial, fracasarán como fracasaron durante una década y media antes de la llegada de Evo Morales al poder. De hecho, fueron esos esfuerzos los que acabaron catapultando a Morales en la primera magistratura del país. El trópico cochabambino es una región enorme, de más de 32.000 kilómetros cuadrados, es decir equivalente a la extensión de Bélgica. Contiene serranías y selvas que hacen a su territorio muchas veces impenetrable. Por tanto, su control por parte del Estado, es muy difícil.

La visión militarista no sirve para la relación con la población chapareña y menos para relacionarse con la dirigencia masista, que tiene tanto o igual poder del que tuvo durante los 14 años de gobierno del MAS. Con todo, junto con la presencia policial, se deben intentar aproximaciones orientadas al diálogo, al desarrollo alternativo y a hacer ver que el Estado no es enemigo de las bases chapareñas, sino que su aliado. Si se arrincona demasiado a su población, y se la aliena sin darle una salida, el riesgo de brotes irregulares no se podrá descartar. Y esa opción no la quiere nadie.