Según el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) minimiza las violaciones a los derechos humanos que cometen “gobiernos de izquierda”, mientras que amplifica los de otras tendencias.

“No se puede, a nombre de una ideología o posición política, afectar la integridad de un sistema de protección de los derechos humanos, al ignorar o minimizar violaciones de gobiernos de izquierda y amplificar otros casos. Los informes de la CIDH deben también sujetarse a esa regla de proteger derechos reconocidos en la CADH, cuando la violación de éstos es atribuible a un Estado”, dijo Aparicio a Brújula Digital, en Washington DC.

La declaración se relaciona con un informe emitido recientemente por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, que pertenece a la CIDH.  El reporte analiza la libertad de expresión en los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americanos, con una mención específica sobre Bolivia.

El documento concluye que se han registrado serias vulneraciones a los derechos humanos durante el año pasado en el país.

El reporte fue elaborado a partir de la visita de una comisión especial de la CIDH a Bolivia, que hizo un seguimiento “in situ” de los acontecimientos suscitados durante los 21 días de protestas ciudadanas posteriores a las elecciones presidenciales de octubre pasado. De hecho, el informe está centrado en ese proceso, a partir del cual presenta una serie de duras conclusiones.

“La CIDH y su Relatoría Especial (…) identificaron que, desde la salida de ex-presidente Morales el 10 de noviembre –durante el vacío de poder generado por el motín de la Policía Nacional, el pedido de renuncia de parte de las FFAA y con la autoproclamación de la senadora Añez como Presidenta Interina de Bolivia, (…)–, en el país se viviría una fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y movimientos sociales de larga tradición histórica, con la utilización de armas de fuego y agentes químicos que habrían  generado un incremento en el número de personas  muertas, heridas y detenidas”, dice el documento. 

“(…) la Relatoría Especial ha registrado la falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación. En esta misma línea, se recibió la denuncia del posible asesinato del periodista argentino, Sebastián Moro, ocurrido en un escenario de crisis generalizada (…)”, agrega.

El documento ha sido cuestionado por autoridades nacionales y periodistas bolivianos por supuestas inconsistencias en el recojo de la información básica para su elaboración y ha sido rechazado por otras por una presunta parcialización en el análisis de la sucesión de acontecimientos que derivaron en la renuncia del ex presidente Evo Morales. Deja, en todo caso, una serie de interrogantes sobre las cuales es importante explorar.

“Resulta paradójico que la Relatoría para la Libertad de Expresión, luego de publicar un excelente libro que consagra ‘el derecho a la protesta’, desconozca el valor de las protestas pacíficas y masivas de las jóvenes y los jóvenes bolivianos que lograron la renuncia y fuga del tirano”, agregó Aparicio en una extensa entrevista. Aquí las partes más importantes de ese diálogo:

P. ¿Cuál es su impresión personal sobre el contenido del informe de la CIDH que se ha conocido hace poco con referencia a los conflictos que se han registrado en Bolivia el año pasado?

R. Estoy convencido que un Sistema Interamericano de Derechos Humanos imparcial y que aplica jurídicamente el Pacto de San José, es la mejor garantía para las víctimas de violaciones de derechos humanos que no encuentran justicia en sus propios países. Es también uno de los pilares de la OEA para la defensa de la democracia.

Por eso es urgente que se reconozca que el valor normativo de los derechos humanos tiene que ver con las nociones de constitucionalismo y Estado de Derecho. En otras palabras, la competencia en la defensa de los derechos humanos de la CIDH está dirigida a violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), cuando la presunta violación es atribuible a un Estado parte en esa Convención.

No se puede, a nombre de una ideología o posición política, afectar la integridad de un sistema de protección de los derechos humanos, al ignorar o minimizar violaciones de gobiernos de izquierda y amplificar otros casos. Los informes de la CIDH deben también sujetarse a esa regla de proteger derechos reconocidos en la CADH, cuando la violación de éstos es atribuible a un Estado.

P. ¿Se desarrolla un seguimiento in situ en todos los países que en él se mencionan?

R. La CIDH observa la situación de los derechos humanos en los estados miembros y puede publicar informes especiales sobre la situación de un determinado país miembro del sistema interamericano. Por lo general, y si es posible, realizan una breve visita al país, como fue el caso del informe sobre Bolivia. Sin embargo, su principal fuente de información fue la Defensora del Pueblo interina, quien es una conocida activista del Movimiento Al Socialismo.

Es importante recordar que el informe especial sobre Bolivia, aunque forma parte del Informe anual 2019 de la CIDH, es un informe realizado por la Relatoría para la Libertad de Expresión. Es de notar que la CIDH no hizo un informe especial sobre Bolivia desde el año 2009, ignorando las graves violaciones de derechos humanos durante el régimen de Evo Morales, ignorando las ejecuciones extrajudiciales del Hotel de las Américas, la represión a los indígenas del TIPNIS, la gasificación de los discapacitados, la detención arbitraria de Franklin Gutiérrez o la utilización arbitraria y sistemática del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo como instrumentos de represión política.

P. ¿Cuál es el alcance legal o jurídico de este informe?

Estos informes no tienen un carácter legal vinculante, sino que constituyen un procedimiento para el seguimiento de la situación de los derechos humanos en los Estados signatarios del Pacto de San José.

P. ¿La embajada de Bolivia en la OEA seguirá alguna acción formal respecto a este informe?

El Gobierno de Bolivia ha respondido a dicho informe a través de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, manifestando su rechazo al mismo. Hemos manifestado que resulta paradójico que la Relatoría para la Libertad de Expresión, luego de publicar un excelente libro consagrando “El derecho a la protesta”, desconozca el valor de las protestas pacíficas y masivas de las jóvenes y los jóvenes bolivianos que lograron la renuncia y fuga del tirano, luego de que éste violó la Constitución, desconoció la voluntad electoral y cometió un descomunal fraude electoral.

En efecto, este informe desacredita la llamada revolución pacífica de las “pititas”, que unió a la gran mayoría de ciudadanos bolivianos de todos los orígenes sociales, económicos y geográficos del país, un movimiento heroico iniciado por jóvenes y las mujeres del país, caracterizándola como conformada por “grupos violentos“.

También hemos expresado que no es concebible que un informe de ese tipo ignore las violaciones del régimen de Evo Morales durante la protesta pacífica de los bolivianos que lo obligó a renunciar y que se ignore el fraude electoral, que es una violación del artículo 23 de la CADH.

P. ¿Tiene alguna recomendación para la elaboración de este informe en el futuro?

Esperamos que esta falta de prolijidad en el informe sobre Bolivia, que ha sido expuesta públicamente, sirva para que en el futuro se dejen de lado orientaciones ideológicas y la CIDH actúe con imparcialidad y certeza jurídica.

Creo que es el momento para que hagamos un acto de reflexión entre todos sobre el rol tanto del Estado como de la CIDH. El primero debe precautelar las obligaciones jurídicas emanadas de la CADH y el otro debe aplicar jurídica y sin interferencias ideológicas la CADH.

Queremos ser positivos y de verdad buscamos una nueva etapa de relacionamiento con la CIDH para encarar el futuro democrático de Bolivia y las próximas elecciones presidenciales. Por eso, hemos invitado a los Comisionados de la CIDH a realizar una “visita in loco” (visitar localmente) a nuestro país. Evo Morales nunca invitó a la CIDH a una visita a Bolivia para ver la situación de los derechos humanos.