Hace años, se criticaba a la Contraloría General de la Republica por su muy severa acción para impedir gastos no previstos en el presupuesto o de poca justificación. Se le puso el mote de “trancalogía”. Pero después, vino lo contrario. En los catorce años del régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), este organismo ha perdido toda autoridad para controlar el gasto de empresas e entidades del Estado. De su titular durante ese período, aparentemente, no se supo nada; obviamente no estaba controlando el gasto o poniendo la ley ante ciertos abusos y delitos, como los que ocurrieron en el Fondo Campesino y otros.

En ese tiempo, tampoco la Asamblea Legislativa objetó ningún gasto ilegal, caprichoso o equivocado, que los hubo, y fueron muchos. Todo lo que hacia el poder ejecutivo, estaba bien, era correcto. No había protestas que prosperaran. Pero, ahora que el tiempo ha cambiado, la mayoría masista en el Parlamento –ahora  opositora– ha descubierto que sí puede entorpecer las funciones del gobierno; más aún, en este tiempo de crisis de la pandemia del coronavirus que requiere oportunidad y agilidad, Son los mismos que, hace poco, se los llamaba “levanta manos”.

Ahora el jefe de esta facción política, renunciado y refugiado en el extranjero, con poca vergüenza y con evidente ignorancia, se dedica a despotricar por todo y por nada contra la acción del actual gobierno que debe enfrentar uno de los episodios más difíciles de nuestra historia: la pandemia del coronavirus que ya ha cobrado la vida de decenas de muertos y centenas de contagiados en el país.  Esto, por supuesto, es la continuación de su política de menosprecio a la salud. Y, lo insólito: El caudillo, desde su refugio, afirmaba que inaugurar canchas de fútbol es igual que entregar hospitales.

Lo evidente es que la actual oposición, antepone su porfía de  retomar el poder a la lucha contra la pandemia del ventura virus. Ya tuvo, a regañadientes, que aceptar la postergación de elecciones. Pero no ceja en el empeño de desestabilizar al gobierno que se esfuerza en contener esa pandemia en nuestro país.

Este empeño, agresivo e ilegal,  acaba de tomar la forma de rechazo de los cocaleros que respaldan al MAS a la presencia policial en el trópico cochabambino. Este tipo de actitudes, basadas en la pretensión de ejercer ilegalmente la soberanía en una región de la Nación, es un delito mayor. Más aún: es un intento de sobreponerse al Estado que, a través del Gobierno, tiene autoridad para establecer los mecanismos de seguridad pública, en este caso de destinar a la Policía Boliviana en el territorio nacional. Esto, equivale, ciertamente, a un separatismo peculiar, por supuesto inadmisible.