Propiamente a mediados de febrero pasado el candidato político de Comunidad Ciudadana CC, Carlos Mesa, presentó ante la Fiscalía General en Sucre, una demanda contra los exmandatarios del país, Evo Morales y Álvaro García Linera, además de tres ministros, considerados como "autores intelectuales" del fraude electoral que se produjo en octubre pasado y que dio paso a la anulación del irregular proceso, situación que a su vez colocó a los responsables ante la alternativa de huir del país, tras comprobarse el hecho.

En este ajetreo de establecer responsabilidades, los candidatos políticos de oposición, más de dos, han mostrado su disposición de exigir la aplicación de sanciones a los culpables directos, pero también se fundamente en otra demanda que fue planteada por el candidato de CC, para que se enjuicie a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por ser los ejecutores del fabuloso fraude que significó una afrenta al país y a la democracia.

Como la demanda planteada originalmente en contra de los autores intelectuales, se ha pedido la ampliación de las investigaciones en curso y el resarcimiento del daño económico al Estado, toda vez que se anuló un proceso electoral que costó varios millones de bolivianos, afirmó el demandante Mesa.

El hecho es que a más de dos meses del pedido de acción a la Fiscalía, no se conocen los avances del proceso y al no considerarse de "orden reservado" el trabajo del Ministerio Público, la ciudadanía a través de organizaciones institucionales, laborales y cívicas, plantean mayor diligencia en el desarrollo de una acción delictuosa que no puede quedar impune.

Preocupa también la situación porque en pasados días se mencionó que alguno de los ministros asilados en la embajada mexicana estaría ya en ese país, sin que se hubiera dado curso formal a su detención, pues según el planteamiento legal presentado en Sucre, se incluyó a los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero Bonifaz, que tuvieron que ser parte del operativo fraudulento para ampliar un mandato presidencial fuera de la Constitución.

Hay que recordar que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó en su informe del 4 de diciembre 2019 que "hubo manipulación de datos y la suplantación de actas" en las elecciones bolivianas. Con esa confirmación del fraude y la decisión personal de abandonar el país, tras descubrirse el delito, no hay dudas, según los políticos de encarar vía demandas legales, la investigación y sanción de los culpables del delito.

En nuestro país en que precisamente se extrañan ciertas actitudes de las autoridades de justicia, la demora en tener resultados objetivos sobre la demanda presentada en febrero, hace pensar que de algún modo se aplica una cuarentena especial, en un caso que no debería demorarse en su tratamiento.