Si en los 14 años del gobierno del MAS se desplegó un  denso discurso que tipificaba como antipatria todo tipo de crítica a la cabeza de un ministro verborrágico y grandilocuente para el que todo opositor era un enemigo y toda crítica una aberración, hoy, en el gobierno de Añez existe un ministro que a diestra y siniestra anda ofertando cárcel a todo aquel que, en su criterio, se atreve a oponerse al Gobierno. Nada es peor para una democracia que cuando sus actores son hábiles para ejercer un monólogo arbitrario e intenso, que solo busca imponer políticas. 

En este marco, se ha negado el ingreso de connacionales al territorio boliviano y se los ha mantenido en condiciones precarias en la frontera con Chile, violentando el derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Estado (art. 21 inc. 7) y, de no ser por las criticas que desde varios espacios se han dado a este accionar, esta penosa situación quizá no hubiera cambiado.  Hace poco la organización Amnistía Internacional mostró su preocupación ante los anuncios del Ministro Murillo sobre la aprehensión de 67 personas acusadas de participar en movimientos de desestabilización y de guerra virtual, 37 de los cuales ya habrían recibido sentencias condenatorias en procesos abreviados.

Este proceso de lento desgaste de la democracia va acompañado de un fuerte discurso nacionalista, antipolítico y antiinstitucional. Por una parte, el Estado legitima sus medidas bajo el argumento que lo único que hace es defender los intereses de la comunidad política, de todos los habitantes sin distinción de ningún tipo; por otra, se instala una fuerte corriente de opinión que ve a los políticos, los partidos y a los espacios de representación como superfluos o como gastos innecesarios y, finalmente, se rompen o corren el riesgo de romperse, los esquemas institucionales y de balance político para dar lugar a un marcado decisionismo centrado en el poder ejecutivo.

Aunque se puede tener varias críticas a los actuales políticos que nos representan tanto en los espacios nacionales (Asamblea Legislativa Plurinacional) como subnacionales (Concejos Municipales y Asambleas Departamentales), no deja de asustar que existan tendencias que vean en ellos a personas que solo generan gastos para el Estado, proponiendo reducir su salario al mínimo o que, en fin, se los suprima bajo el argumento populista de que en tiempos de pandemia serían innecesarios; también preocupa que se esté dando lugar a un lamentable discurso que considera que unos bolivianos, solo por el hecho de haber salido de Bolivia, sean considerados ciudadanos de segunda clase.

La magnitud de la pandemia ha centrado las discusiones y el debate en el futuro de la salud y la economía boliviana, empero, esto no nos debe llevar a dejar de lado la discusión del futuro político, puesto que la política, como decía Hanah Arendt, es un tema que, finalmente, tiene que ver con la libertad.