La idea de los asambleístas de quedarse con el goce de sus funciones legislativas pareció que tenía el objetivo de seguir aprovechando de sus opíparos sueldos y otras prebendas y, a la par, seguir gozando de las “delicias del poder”, dictando leyes a su favor para su aprobación por el Ejecutivo.

Pero, llegando a la actualidad, se confirma en los actos de los asambleístas prorrogados que solo demostraron interés en seguir cobrando dietas del presupuesto del Estado en crisis, boicoteando al Poder Legislativo, conseguir otros beneficios y conspirar contra el gobierno de Jeanine Áñez.

Esa actitud de los asambleístas no es extraña en la historia parlamentaria del país, pues fue mostrada algunas veces, pero nunca en forma tan indisimulada como ahora, cayendo en la práctica de la corriente subjetiva contemporánea que define el criterio de la verdad por su utilidad práctica, que es lo que funciona mejor para conveniencia del individuo, conducta que se define como pragmatismo.

Esa actitud ante la vida se orienta al irracionalismo y a la sociología del culto a la personalidad, al racismo y al fascismo. Une ese pragmatismo con el populismo anárquico, con el naturalismo que intenta explicar el desarrollo de la sociedad por leyes de la naturaleza, de la Pachamama o el medio geográfico. Deriva también desde la apología a la ideología populista hasta el practicismo del corporativismo y niega la confirmación objetiva mediante la práctica.

Finalmente, se puede considerar que ese pragmatismo que imperó durante largo tiempo en la vida espiritual de países coloniales y feudales, en la actualidad ha sido relegado a posiciones ultraconservadoras. Sin embargo tal practicismo está tan arraigado en nuestro régimen parlamentario, que es necesario que la próxima legislatura no lo repita.