Los dirigentes del MAS del trópico cochabambino han dado un paso audaz al expulsar de esa región, con violencia y muestras evidentes de desacato, a fuerzas policiales que ingresaron día antes, luego de más de siete meses de ausencia.

Mientras escribo la columna, el Gobierno sólo ha respondido a esa demostración de fuerza con declaraciones. Sin duda, es de esperar que los habitantes de la región reciban esos mensajes y tengan la capacidad de hacer entrar en razón a los dirigentes del MAS. Pero, también es posible que no lo hagan, lo que obligaría al Gobierno a utilizar otros instrumentos para sentar en el Chapare y sus alrededores la autoridad democrática del Estado.

Se trata, probablemente, de uno de los momentos más delicados de la actual gestión gubernamental. Al duro batallar en contra del coronavirus se suma esta acción cocalera, seguramente coordinada entre el Chapare y Buenos Aires, que busca, por un lado, evitar el ingreso del Estado en una zona que ha gozado 14 años de virtual soberanía y, por el otro, debilitar al Gobierno y dar un paso más hacia el objetivo de que retorne el expresidente fugado y, por qué no, recupere el poder político.

Pero todo indica que en el mediano plazo ese derrotero no será posible. Más allá de la retórica, hay suficientes indicios para afirmar que el MAS tiene en su contra a una importante mayoría de la población, aunque cuenta con un núcleo duro de adherentes que representan poco menos del tercio del electorado (aunque puede subir por diversas razones algunos puntos). Por ello, aquella acción de los dirigentes del MAS es irresponsable y muestra que su objetivo de recuperar el poder está muy por encima de la seguridad de sus seguidores a los que, al parecer, no les importa mandar al despeñadero.

En ese estado de situación recupera importancia el tema de la cadena coca-cocaína, más aún en una región como Cochabamba que, de una u otra manera, se ha hecho adicta a los recursos que esa actividad genera. Sin embargo, parecería que todos los actores de la vida política del país han coincidido en que se trata de un tema tabú y mejor es hacer la vista gorda.

El problema es que el tema no solo continúa, sino que aparecen o resurgen situaciones de cada vez mayor tensión que, si no son tratadas con la debida profundidad, pueden estallar en este o el siguiente gobierno.

En fin, se trata de unas circunstancias delicadas que tienden a complicarse porque la Presidenta debe gobernar con un gabinete que muestra poca cohesión, más allá de las actuaciones personales, y una administración estatal en la que hay funcionarios que se encargan de obstaculizar la cadena entre la adopción de decisiones y su ejecución (lo que se agrava en este tiempo de pandemia), sea por intereses político-ideológicos, lenidad o incapacidad (el mal funcionamiento de la Gobernación, el municipio y, particularmente, el Sedes en Cochabamba, que se presenta también en otros departamentos, es una muestra de ello).

Y, puesto que se ha vuelto mi obsesión, una buena parte de los mensajes que circulan en las redes sociales más que ayudar a enfrentar el coronavirus o a explicar a la población del trópico cochabambino los delitos que se cometen en su nombra, parecen atizar el conflicto.

Sin embargo, el país avanza. Parece que se ha creado en muchos sectores de la sociedad la convicción de que, si de esta experiencia no salimos remozados y con actitudes más proactivas y democráticas nos irá muy mal en el futuro. Por tanto, acatan disciplinadamente las normas de prevención que se difunden y adoptan las precauciones que están a su alcance para defender el bien común en esta época de pandemia.