El informe recientemente emitido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH referido a Bolivia está lleno medias verdades y, directamente, falsedades. Una de las más evidentes se refiere a la charla que dio Luis Fernando Camacho en Washington, interrumpida por activistas. Solo con ver el video se comprueba que el informe de la Relatoría es falso: quienes cometieron las agresiones no fueron los “simpatizantes” de Camacho, como dice el informe.

Si un evento así, en el que se podía fácilmente comprobar la falsedad de lo afirmado por la Relatoría, fue incluido en el reporte, nos podemos imaginar el resto. El informe parece que buscara por todos los medios hacer notar que las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión fueron mayormente provocadas por grupos contrarios a Evo Morales y se registran en mayor medida tras la renuncia del expresidente.

Entre otras cosas, el reporte dice, de una manera que es jocosa para los bolivianos, que el movimiento “Bolivia Dijo No” y los movimientos medioambientalistas organizaron las masivas y extensas protestas de octubre. No vale la pena comentar aquello más que  decir que quien escribió eso desconoce absolutamente la realidad boliviana. También causa estupor la manera cómo el informe describe la interrupción del TREP: no dice que es insólito que el conteo se hubiera detenido durante 24 horas ni que, al reponerse, se hubiera cambiado la tendencia electoral.

Luego afirma que “según información de público conocimiento”, las protestas “escalaron en el uso de violencia después de que ambos frentes políticos pidieran a sus seguidores la defensa de su voto”. Eso es falso. Había una ciudadanía movilizada que demandaba que se respetara el voto del 21F y contra el fraude del 20 de octubre. Evo, en una estrategia cruel, lanzó a sus adherentes a romper los bloqueos y las manifestaciones. Pudo haber enviado a la fuerza pública, que es la herramienta que tienen los Estados para esos casos, pero  lanzó a unos bolivianos contra  otros, para no dar la impresión de que estaba reprimiendo a la ciudadanía. No se enteró la Relatoría.

Además, de manera engañosa, al establecer el listado de los medios y periodistas que fueron agredidos en los sucesos de octubre y noviembre, el texto hace creer, por la manera cómo están presentados los hechos, que esas agresiones las provocaron los grupos opositores al MAS. No dice con precisión que esos ataques fueron conducidos mayoritariamente por simpatizantes de Evo Morales. Este diario no pudo circular durante cinco días, no atacado por los entonces opositores, como la Relatoría pretende insinuar; fue porque, motivados por Morales, miles de sus adherentes tomaron las calles para generar terror entre la ciudadanía, que se atrincheró en sus casas esperando lo peor. Nada de eso se le pasó por la mente decir a la Relatoría de la CIDH.

Hay más: incluso el caso estremecedor del incendio de la vivienda de una periodista como Casimira Lema (defender a comunicadores es el objeto directo del trabajo de la Relatoría de Libertad de Expresión), es mencionada a la pasada, como un hecho más. Y el reporte insiste en mencionar que ella no se encontraba en su residencia, como una manera de reducir el impacto de ese hecho. Luego comete la irresponsabilidad de colocar en el contexto de las protestas de octubre y noviembre el caso de la lamentable muerte de un periodista desconocido en el ambiente boliviano, como era el argentino Sebastián Moro, cuyo deceso se produjo semanas después. La CIDH debería saber que no cualquier muerte es provocada por agentes de seguridad del Estado.

Este diario tiene la autoridad moral para hablar de estas cosas porque denunció las violaciones a la ley y los excesos del largo gobierno de Evo Morales y también ha denunciado los excesos del actual oficialismo, generando la obvia molestia de las autoridades. Que existan posibles violaciones al debido proceso durante el gobierno actual no exculpa a la CIDH por haber publicado un informe tan mañosamente redactado.