Según información de la Procuraduría General del Estado (PGE)- que interviene en la acción penal como sujeto procesal de pleno derecho, en defensa del patrimonio del Estado- el juez asumió su decisión bajo el argumento de que aún persisten los peligros de fuga y obstaculización.

Por tanto, esa situación podría entorpecer la investigación y el proceso que en este mismo caso también enfrentan los exvocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz Villca y otros exservidores públicos del TSE.

La PGE apuntó que "una vez que se normalice la tramitación de los procesos judiciales, (...) continuará promoviendo la acción penal, a efectos de que el Ministerio Público (...) realice todas las actuaciones e investigaciones que permitan llegar a la verdad histórica de los hechos y permitan sancionar penalmente a los responsables".

Tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció que se cometió fraude en los comicios y este hecho generó una ola de protestas sociales, que incluso terminó con la renuncia y posterior huida del ahora expresidente Evo Morales.