El argumento de Kempff es que la actual ley electoral incluye defectos que consisten en violar el principio universal según el cual, en una elección, cada ciudadano es un voto, que viene del concepto de que todos somos iguales ante la ley.

Es decir que estaríamos en una situación en la cual los votos de algunos ciudadanos tienen un valor mayor al de otros ciudadanos, lo que distorsiona totalmente el valor de una consulta.

El científico Enrique Velazco-Reckling hizo un examen a las elecciones de 2014 y llegó a conclusiones alarmantes, que vienen a justificar el pedido que hace ahora Kempff para que se elabore una nueva ley electoral.

Una de las constataciones más aberrantes hechas por Velazco-Reckling es que en cuatro de las siete circunscripciones llamadas “especiales” la cantidad de votos superó en tres veces a la cantidad de registrados en el padrón electoral. De lo que surge que las circunscripciones “especiales” no tienen control de parte de las autoridades electorales, además de tener el privilegio de que, con muy pocos votantes, incluso 30, tienen derecho a un diputado uninominal. En otras circunscripciones, las urbanas, se da el caso de que para tener un diputado se necesitan 140.000 votos.

Es decir que, por estas y otras razones, el régimen electoral con que cuenta Bolivia y que tendría vigencia en las elecciones venideras cuya fecha no se ha fijado todavía, no se aplicaría el concepto de “un ciudadano-un voto”.

Están en curso algunas gestiones dirigidas a que el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) corrija estas aberraciones y devuelva a la ley electoral los principios de igualdad ante la ley que exige la constitución política del Estado.

El diputado Horacio Poppe planteó ante el TSE un exhorto por el cual dice que en 2014 los funcionarios de ese organismo procedieron a cambiar algunas circunscripciones pocas semanas antes de las elecciones, para favorecer al partido de gobierno en ese momento.

Algunos barrios de la circunscripción 2 de Chuquisaca fueron transferidos a la circunscripción 1, violando la ley 421 que regía en ese momento y que había definido la geografía electoral que debía aplicarse. Por lo tanto, propone que se use ahora esa jurisprudencia y se proceda a corregir por lo menos algunos errores de la geografía electoral, “errores” que el columnista Kempff califica de “fraude escondido”.

El país va a abrir una nueva página en su historia cuando haya pasado la pesadilla del coronavirus. La economía deberá ser rediseñada, en vista de que el gobierno del cocalero Morales destruyó todo en catorce años. Quizá valga la pena, entonces, abrir también una nueva página en el ordenamiento electoral, comenzando por ajustarlo a los principios fijados por la Constitución.

En las redes sociales se han abierto corrientes de apoyo a la idea de que la ley electoral sea cambiada. Son las instituciones de la nueva Bolivia, que no quieren estafas políticas, y menos aquellas que dejó como bombas de tiempo el régimen oprobioso que fue expulsado del gobierno en la maravillosa gesta del 20 de octubre al 10 de noviembre pasados.