Como antecedente debe recordarse que dos dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Trópico (FSTCT), lanzaron un ultimátum a la Policía para que abandone el Chapare. Dijeron que el retorno de los efectivos no fue consensuado con los cocaleros ni las autoridades municipales, según informó Radio Kawsachun Coca (RKC) en su cuenta de Facebook. El secretario General de la FSTPC, Omar Claros, explicó que el retorno de los efectivos al Trópico no fue consensuado con ningún sector y que existe un malestar entre los cocaleros por la determinación adoptada. «Sabemos que en noviembre han pasado cosas difíciles, los compañeros desde el inicio dijimos que no vamos a permitir a los policías» señaló el dirigente a periodistas. Entre los pretextos que expusieron figura los hechos de noviembre del año pasado, y además, porque «los policías no han respetado las recomendaciones de la OMS, de utilizar implementos de bioseguridad».

Frente a esta situación las autoridades informaron que tanto los militares como los policías continuarán en la región. El comandante departamental de la Policía, Franz Sellis, manifestó que los efectivos seguirán desarrollando sus labores para evitar se rompa la cuarentena y existan más casos de coronavirus. El Jefe policial relató que a sus camaradas les quitaron los celulares y los amenazaron de muerte. Señaló que los 85 agentes están resguardados en un lugar seguro. Franz Sellis dijo que entre 150 y 200 personas atacaron el puesto policial de Shinaota, donde solo había nueve agentes.

Recordemos que la Policía tuvo que abandonar el trópico de Cochabamba en noviembre del año pasado. Como emergencia de la pandemia, tras cinco meses de ausencia, efectivos de la institución del orden habían retornado a esa región para brindar seguridad y garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia Sanitaria.

El Ministro de Gobierno Arturo Murillo y el ministro de Defensa, Fernando López, lamentaron lo ocurrido y acusaron de la violencia a los dirigentes cocaleros y a militantes del MAS por promover estas acciones. Además, señalaron que los patrullajes conjuntos continuarán realizándose en la zona del trópico de Cochabamba y que se iniciará acciones legales contra los responsables de los hechos de violencia.

La situación es complicada, pero es necesario poner límites en base a la Ley y restablecer el principio de autoridad. Es comprensible que el gobierno evite la confrontación, pero no puede perder soberanía sobre parte del territorio nacional. El Estado y el gobierno tienen los mecanismos y las normas legales para actuar frente a situaciones de esta naturaleza. La seguridad del país ha sido encomendada por la Constitución Política del Estado a las Fuerzas Armadas y a la Policía con responsabilidades específicas, que van desde preservar la seguridad y estabilidad del gobierno hasta la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, además de hacer cumplir el ordenamiento legal. Tanto la CPE como la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, definen la misión de la institución del orden, como un organismo protector y de servicio de la comunidad y las instituciones.

El Artículo 1º de la Ley Orgánica, señala que la Policía Boliviana es una Institución del Estado que cumple una función de servicio público, y debe preservar el ordenamiento Jurídico del país, para asegurar el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. También es atribución de la policía proteger el patrimonio público y privado. Desgraciadamente, el Chapare continúa como la zona roja del narcotráfico y en muchas oportunidades las autoridades han establecido que allí se inician conflictos para distraer la presencia policial, y de esta manera permitir las actividades ilícitas. El gobierno tiene la obligación de sentar soberanía en el Chapare. La gran mayoría de la coca se afirmó que se desvía a actividades ilícitas según informes de la «Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), que estableció que el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal».