En primer lugar se refiere a la venta del avión presidencial que costó al Estado 35 millones de dólares el 2010. Como en el resto de compras y servicios públicos de los 14 años que Morales retuvo el gobierno, la lujosa nave en cuestión se adquirió sin licitación y por invitación directa. Sin duda, uno de sus actos más censurados por la opinión pública, efectuada para satisfacer su comodidad y la de sus estrechos colaboradores. Morales pasó buena parte de su tiempo de mandatario en el aire y en visitas caprichosas al exterior, persiguiendo notoriedad internacional.

También sugiere la venta de los helicópteros de millonaria inversión, pero cuyo buen funcionamiento siempre estuvo en duda. De los cinco Súper Puma de procedencia francesa, solo uno vuela, tres están en reparación en el Brasil hace un año y medio y otro en reparación en Bolivia. Obviamente, nadie se interesará en una compra casi inservible.

Luego, propone que la Casa Grande del Pueblo o nuevo Palacio de Gobierno y el museo de Orinoca sean destinados a pacientes contaminados por el Covid 19. Esto no disminuye el criterio de todos sobre que si tan elevados gastos se hubieran volcado al establecimiento de hospitales, ahora el país estaría en mejores condiciones de enfrentar la presente pandemia letal. Hay actos imperdonables y uno de estos es el olvido de la salud durante 14 años con recursos suficientes.

Por último, el asilado en Argentina ofrece donar su pensión de ex presidente a una olla común de la gente más necesitada. Intenta aparecer como solidario. Olvida que la percepción de su fabulosa pensión de más de 24.000 bolivianos requiere un trámite y de una resolución suprema. Lleva a pensar que pese a su posición todopoderosa no pensó y menos obró en función del beneficio general, que había sido la mejor solidaridad, sino en gratificarse a sí mismo y en cerrar los ojos ante el malgasto, sino en corrupción, en todos los niveles públicos.