La noche del jueves, luego de una advertencia hecha el miércoles, las fuerzas policiales que habían llegado un día antes a Shinaota en el Trópico de Cochabamba, fueron expulsados por productores de coca que rompieron la cuarentena para sitiar el puesto policial y agredir verbalmente a los efectivos, lo mismo sucedió en Villa Tunari y Chimoré.

Este acto, que luego fue matizado por los dirigentes, señalando que se había procedido a sacar a los policías porque no coordinaron con las fuerzas militares ni con los cocaleros, fue el último de una serie de actos que se agudizaron desde la renuncia y posterior huida del expresidente Evo Morales, líder máximo de las Seis Federaciones.

Ayer por la mañana, el comandante de la Policía de Cochabamba, Franz Sellis, contó que el grupo de comunarios sumaba 200 personas. “Los sacaron violentamente, los agredieron física y verbalmente. En el trayecto les sustrajeron algunos artículos personales como celulares y mochilas”.  Esta información fue negada por el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez. “Que hubo agresiones a los policías a gran escala, totalmente falso”, afirmó.

El segundo dirigente de las Seis Federaciones, Leonardo Loza, aseguró que los policías pueden retornar, pero previa coordinación. "Si quieren ellos que vengan, pero que tengan la capacidad de coordinar y de decir: 'Queremos trabajar de esta manera'. Yo creo que nadie se va a atajar", manifestó.

La región, conocida por ser la segunda mayor productora de hoja de coca en el mundo (solo después del VRAEM en Perú) es el bastión más importante del MAS, el partido del ex presidente Morales y una especie de territorio independiente dentro del país, donde el ejército y la policía casi no ejercían autoridad alguna.

Desde la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019 y las manifestaciones violentas en Sacaba, la ausencia de autoridad policial se vio agravada, hasta la última expulsión de los policías.

Control férreo

De acuerdo con fuentes anónimas, en el territorio, los dirigentes cocaleros son la ley, manteniendo un férreo control sobre todos los productores de la zona, amenazando y presionando a quienes osen oponerse a los mandatos del líder máximo.

En 2015, un grupo de dirigentes cocaleros de la zona postularon de la mano de un frente opositor al MAS, a cargos en las Elecciones Municipales en dos municipios del Chapare, accediendo a puesto en los concejos municipales de estos municipios.

Ante esto, los dirigentes de las seis federaciones decidieron “orgánicamente” despojar a los cuatro concejales electos y a sus suplentes de sus plantaciones de coca (catos), además de expulsarlos de la organización sindical.

Según las fuentes, la expulsión de la organización sindical, junto al despojo de sus tierras, linchamientos y otros castigos son amenazas constantes para los disidentes, esto se ha visto reforzado con la ausencia de la policía en la zona, luego de haberse retirado en noviembre pasado.

Uno de los casos más sonados fue el ocurrido en diciembre del año pasado, cuando, con la venia de los dirigentes cocaleros, un joven se salvó de ser linchado en la población de Shinahota, luego de ser acusado de robo; otro de 16 años murió el 8 de diciembre 2019, luego de que los comunarios lo ataran a un palo santo.

El joven que resultó herido tiene 26 años y fue identificado como Eloy C.A. Tuvo que ser trasladado del hospital de la población de Ivirgarzama a otro en la ciudad de Cochabamba.

El reporte de algunos medios locales señala que el joven fue sorprendido cuando robaba una motocicleta la madrugada del sábado. Los vecinos del barrio donde ocurrió el hecho lo retuvieron y le dieron una brutal golpiza.

Según los testimonios, Eloy C.A. estaba acompañado de Benjamín Y., quien también fue retenido por la gente, pero se cree que pudo escapar de la turba que lo rodeaba.

Por su parte, Bladimir Capari Mamani, de 16 años, fue linchado en Valle Sacta, también en el trópico de Cochabamba, después de ser acusado de robar un vehículo. El adolescente fue golpeado y atado a un palo santo, donde fue atacado por hormigas hasta morir.

La gente lo acusó de haber robado un vehículo, pero no hay pruebas de eso. Hasta el momento no se abrió ningún proceso penal y no hay culpables.

Meses antes, los dirigentes cocaleros señalaron que no podían garantizar la entrada de políticos opositores en la zona, demostrando de esa manera su dominio sobre la región.