Los analistas políticos plantean ajustes “estructurales y coyunturales” en los comicios tras la pandemia y la cuarentena que rige en el país.

Karem Mendoza G./Bolivia Digital

De acuerdo con el Estudio de Integridad Electoral, realizado por la sociedad civil, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene el 83% de eficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Fundación Jubileo con relación al diseño de protocolos para la cadena de custodia de materiales electorales, problema con el que se tropezó en la elección anulada de octubre de 2019.

En diciembre de 2019, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió recomendaciones en materia de institucionalidad y organización electoral. Dentro de las observaciones se refirió a la cadena de custodia, que en la elección anulada “fue deficiente y muy frágil”, indica el documento.

También la MOE recomendó “procedimientos claros y transparentes” en la selección de nuevas autoridades de los tribunales electorales, así como la mejora en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP) y el cómputo oficial, financiación político-electoral y justicia electoral. Aconsejó con especial énfasis sobre la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como la libertad de expresión.

Respecto a la participación de los pueblos indígenas que conforman las siete circunscripciones especiales, el estudio indica que no se tiene información de que el TSE haya emitido alguna instrucción para mejorar la participación de este grupo.

EFICIENCIA DE LOS TRIBUNALES DEPARTAMENTALES

El informe califica con un promedio de 55,5% la eficiencia de todos los tribunales electorales en la capacitación a los notarios electorales, con directrices del TSE, y en el diseño de protocolos para la seguridad del material electoral.

Los departamentos de La Paz, Beni, Potosí y Tarija obtuvieron un 62,5% de eficiencia en cumplimiento de las sugerencias de la OEA. A diferencia de Pando, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, que tienen el 50%.

Por otro lado, la investigación señala que pese a la cuarentena por el coronavirus (COVID-19) en el país, cada Tribunal Electoral Departamental (TED) continúa trabajando a través de plataformas virtuales para concluir con los procesos de capacitación a los notarios, actores fundamentales del proceso electoral.

En este sentido, el estudio indica que los TED de Oruro y Cochabamba concluyeron la instrucción al personal electoral. En el caso de Santa Cruz, se destaca que la institución usó y aprovechó más los recursos tecnológicos respecto a los demás. El informe revela que La Paz aún no se inició la formación de los notarios. El promedio de eficiencia de acuerdo con el proceso de capacitación del conjunto de los entes electorales es de 51,5%.

POLITÓLOGOS PLANTEAN AJUSTES

Luego de que las elecciones generales previstas para el 3 de mayo se suspendieran por la pandemia y la cuarentena que rige en el país, los politólogos plantean realizar algunos cambios “estructurales y de coyuntura” a los próximos comicios que aún no tienen fecha.

El analista político Franklin Pareja propone seis temas que debieran ser considerados para la nueva elección. El primero tiene que ver con la actualización del padrón electoral; la definición de un nuevo calendario electoral en “consenso político” para garantizar una “competencia equitativa” entre todas las fuerzas; la coordinación con veedores de los organismos nacionales e internacionales para que la observación se realice en tres etapas; además de otras de tipo legal y presupuestario.

Según el presidente del TSE, Salvador Romero, el calendario electoral continuará desde la última tarea pendiente. El cronograma se suspendió cuando los ciudadanos inhabilitados para sufragar realizaban sus reclamos y la posibilidad de rehabilitarse en el padrón.

Con esta información, el 26 de marzo estaba previsto que el organismo electoral entregue el padrón consolidado; sin embargo, esta actividad quedó postergada hasta el restablecimiento del calendario tras la reanudación de actividades.

Entretanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá debatir la nueva fecha de las elecciones. El Órgano Electoral planteó como tentativa de fechas el período entre junio y septiembre de este año.

En cuanto a ajustes estructurales, Pareja y Carlos Cordero coinciden en la modificación de distribución de escaños, ya que existe una “sobrerrepresentación” en las áreas rurales, en comparación con el área urbana, lo cual genera una brecha de desigualdad.

“Para evitar toda la polémica, pero sobre todo el uso de los bienes y recursos del Estado, porque genera desigualdad, inequidad y falta de transparencia”, aseguró Cordero.

Sin embargo, el jurista José Velasco considera que realizar este cambio en la redistribución de escaños pasa por la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), que tendría que hacerlo el próximo Gobierno a través de una Asamblea Constituyente. Además de una reconfiguración del mapa de circunscripciones que está relacionado con la cantidad de población, que se modificará con el censo previsto para 2022.