Al menos veinte son las grandes omisiones identificadas por el Gobierno en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las omisiones van desde el origen de la crisis política, con el irrespeto al referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, cuando la población dijo no a la reelección indefinida, pasando por el fraude electoral certificado, las amenazas de Juan Ramón Quintana, hasta la renuncia y  huida de Evo Morales de Chimoré a México, ahora refugiado en Argentina. Aunque el informe 2019 titula “Relatoría especial para la libertad de expresión”, dedica 15 carillas (a otros países miembros, entre una y dos) a la libertad de expresión y temas políticos en un año electoral fallido, que terminó con la renuncia de Morales, después de 13 años, nueve meses y 18 días de gobierno ininterrumpido. El informe anual incide en los 50 días (de 2019) del gobierno de Jeanine Añez y no así en los 315 de Morales. En todo eso “muestra la intencionalidad” a favor del gobierno anterior, señala un documento denominado “Nota verbal al relator para la libertad de expresión”, Edison Lanza, de la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA en Washington, EEUU.

Las 20 omisiones

1. La Relatoría califica de “autoproclamación” la sucesión constitucional que recayó en la senadora Jeanine Añez (ante las renuncias de Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda), reconocida por la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, y validada por el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados fueron elegidos por la mayoría parlamentaria del MAS.

2. Es contradictorio que en lugar de realzar el ejemplo de un histórico movimiento ciudadano pacífico iniciado por los jóvenes, del movimiento popular denominado “Pititas”, indignados por el ultraje a su voto (21F) y el daño al medioambiente por la quema de la Chiquitanía, la “Relatoría tome partido por una tiranía que pretendía usurpar el poder”.

3. “La Relatoría elude referirse al origen del conflicto que provocó la fuga de Evo Morales”: la violación de la Constitución para un cuarto mandato (el irrespeto al 21F, cuando el 51,3% le dijo no a la relección indefinida) y el fraude electoral (20 de octubre), en contravención del Art. 23 (b) de la Convención American sobre de Derechos Humanos.

4. La Relatoría no menciona que quienes se movilizaron en una revolución pacífica no fueron solamente movimientos como “21 F” y “Bolivia dijo No” sino que, entre octubre y noviembre, se unió la mayoría de los bolivianos indignados. Este movimiento fue liderado por jóvenes ante los abusos de poder, de la corrupción de un gobierno que en 14 años socavó las libertades constitucionales de la población.

5. La rebelión ciudadana que pacíficamente paralizó el país luego del fraude electoral (20 de octubre), certificado por una auditoría de la OEA y avalado por la Unión Europea, tuvo como uno de sus efectos más notables el motín policial que se produjo en los nueve departamentos. 

6. La Policía se negó a reprimir al pueblo en las calles y protegió a la población de la actuación violenta de los llamados movimientos sociales del MAS y cuyo gobierno permitió el uso ilegal de explosivos y armamento contra la población.

7. No menciona que el uso de explosivos y armas, permitidos por el gobierno del MAS, en Montero (Santa Cruz), para atemorizar a la población civil, causaron la muerte de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. 

8. Las investigaciones realizadas señala la participación activa en los hechos violentos del exguerrillero de las FARC, Facundo Molares, quien formaba parte de grupos paramilitares organizados por el MAS.

9. El informe no contextualiza los hechos, la escalada violenta tuvo su origen, con algunas excepciones, en militantes del MAS que causaron la muerte de Julio Llanos, un defensor de la democracia, después que fuera golpeado en El Prado.

10. El 26 de octubre de 2019, Evo Morales advierte que sus seguidores de zonas rurales podrían cercar las ciudades en caso de que continuasen las protestas que reclamaban auditoría de los comicios: “Si quieren paro, no hay problema, lo vamos a acompañar con cerco en las ciudades para hacerlo respetar (la reelección) a ver si aguantan”.

11. El 29 de octubre de 2019, el asambleísta Gustavo Torrico (MAS) dijo que “no piensen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea”, advirtiendo a los papás que se eviten el dolor de tener hijos muertos.

12. El 1 de noviembre de 2019, el exministro Juan Ramón Quintana advirtió que Bolivia se convertirá en un “Vietnam moderno” porque las organizaciones sociales encontraron un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad y que el proceso de cambio tiene de su lado a movimientos sociales “que están dispuestos a pelear”. 

13. El exministro Javier Zavaleta advirtió el 8 de noviembre que “estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas”.

14. Durante las protestas de los diversos sectores de la sociedad civil, después del fraude electoral (20 de octubre), la propia aliada del MAS, la Central Obrera Boliviana, le pidió a Evo Morales que dé un paso al costado y de otras autoridades que él había nombrado.

15. El ambiente de violencia generado en Cochabamba, como en otras regiones, estuvo alentado por el Gobierno, después del fraude electoral. Las fuerzas policiales tenían la orden de alentar a los cocaleros para agredir y amenazar a la población movilizada para que se produjeran bajas y atribuirlas a la sociedad civil. Una de las causas del motín policial fue este tipo de órdenes emanadas por el gobierno de Morales.

16. El informe evita referirse a las noches de terror del 10 y 11 de noviembre, durante el “vacío de poder”, acaecidas en La Paz, donde se produjeron violaciones a derechos humanos protagonizadas por colectivos instigados por partidarios del MAS que atacaron viviendas, hospitales, instituciones, bienes públicos y quemaron 65 buses Pumakari.

17. La violencia desatada y la Policía rebasada generaron un ambiente propicio para varios hechos de violencia, pero ignora la responsabilidad de Evo Morales en los incendios propiciados por el MAS a casas del dirigente Nelson Condori, la Alcaldesa de El Alto, y amenazas a líderes políticos opositores como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otros.

18. No se señala a los responsables de los incendios provocados en las casas de la periodista Casimira Lema, el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín. Es de dominio público que quienes perpetraron dichas quemas el 10 y 11 de noviembre fueron grupos de choque del MAS.

19. Relatoría elude referirse a los autores de los ataques a los periodistas como Ximena Galarza, Gonzalo Rivera y Amalia Pando, entre otros. Galarza recibió´ amenazas por haber denunciado el fraude electoral, resulta extraño que el informe no mencione que los autores eran miembros del gobierno de Evo Morales, de acuerdo con las declaraciones de la propia periodista y las investigaciones judiciales posteriores.

20. Infundadamente acusa de violenta a grupos de la sociedad civil que ejercían su derecho constitucional a la protesta pacífica, previsto en el derecho internacional de los derechos humanos y en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”.

Punto de vista
Ignacio Jauregui, de la Misión de Bolivia ante la  OEA.
 

El informe ignora deliberadamente el fraude electoral 

El informe de la Relatoría incumple con debido rigor, imparcialidad y objetividad propios de un documento de la CIDH. La audiencia merece una perspectiva balanceada y validada de los hechos, con la demostrada oportunidad otorgada a los aludidos de responder a las aseveraciones realizadas. La Relatoría basa repetidamente sus declaraciones en artículos de prensa de fuentes con notorio sesgo político y conocidas por su afinidad al MAS y a la línea de la agenda del Socialismo del Siglo XXI. No son medios objetivos, no tienen análisis claro ni demostrado compromiso de transmitir mensajes verídicos, objetivos y verificados. No obstante, hay que aclarar que la responsabilidad de discernir las fuentes y validar los hechos recae en la Relatoría. Para la CIDH, la protección de los DDHH es responsabilidad del Estado. No puede existir una violación de derechos humanos por parte de sociedad civil contra sociedad civil. Sin embargo, varios de  los actos que la Relatoría califica o infiere como violaciones a los DDHH no tienen imputación alguna al Estado. La Relatoría ignora deliberadamente el fraude electoral y minimiza la violencia perpetrada por los movimientos sociales del MAS, a tiempo de inferir abuso por parte del movimiento de jóvenes, mujeres, y bolivianos de todos los sectores sociales que derrocaron a Evo Morales. El informe ignora deliberadamente la existencia irrebatible del fraude electoral. Fraude que fue reconocido por la Asamblea Legislativa al anular la elección de octubre y acordar nuevas elecciones sin Evo Morales. Señal clara de esto es que la referencia al “fraude” solo aparece una vez, en el párrafo 88, al citar el trabajo de la auditoría electoral vinculante de la OEA, que fue encargado por el gobierno de Evo Morales y que dictaminó incontrastablemente la invalidez de la elección. El mayor daño que causa el informe de la Relatoría es al lector que no conoce lo ocurrido en Bolivia, que, leyendo el documento de la CIDH, sale con una impresión de ese proceso completamente opuesta a lo que siente la mayoría del pueblo boliviano.