Los ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, en los 10 meses y 10 días de 2019, en el gobierno de Evo Morales, no son citados por el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero concentra su atención a los atropellos que los periodistas sufrieron desde el 21 de octubre, un día después del fraude electoral, hasta el último día de diciembre.

En los 22 días anteriores de la renuncia de Evo Morales o después del fraude electoral, certificado por la OEA, la Relatoría libera de toda responsabilidad al gobierno del MAS y culpa de los hechos a grupos sociales, afines al masismo con la población civil que exigía respeto al voto manipulado por el Tribunal Supremo Electoral con el corte del conteo rápido la noche del 20 de octubre.

“El director de contenidos del Grupo El Deber, Juan Carlos Rocha, denunció golpes cuando intentaba hacer la cobertura de un bloqueo –dentro del paro cívico– en Santa Cruz”, dice la Relatoría, dando a entender que la población civil golpea a un periodista. “La reportera de Red Uno, María José Mollinedo, quien fue amenazada con quemarla y la amedrentaron con insultos en razón de su género cuando realizaba coberturas de protestas durante el paro cívico en La Paz”. Libera al gobierno de Evo Morales de toda responsabilidad. “La periodista de Unitel, Helga Velasco, y la presentadora de televisión de Red Uno, Ximena Zalzer, quien habría sido agredida por vecinos que apoyaban el paro cívico en el barrio Las Palmas en Santa Cruz”. 

Relatoría cambia la forma de presentar su informe, después de la renuncia de Evo Morales, busca responsabilizar al gobierno de Añez. “Se habría encontrado en cobertura el corresponsal del periódico Página 12 de Argentina, Sebastián Moro, también colaborador de Prensa Rural. Un día después, el 10 de noviembre y tras haber enviado el último artículo al medio argenno sobre la situación en Bolivia, el periodista fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada, según el parte médico por un ACV, aunque la familia ha denunciado que podría haber posibilidad de que haya sido asesinado por su trabajo periodístico”.

Este tema, según la “Nota verbal al relator para la libertad de expresión”, Edison Lanza, de la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA en Washington, “es una irresponsabilidad denunciar el supuesto asesinato del periodista argentino, Sebastián Moro, sin señalar las circunstancias, ni evidencia alguna de responsabilidad del Estado en dicha lamentable muerte. Lo más grave es que la afirmación de la Relatoría se haya basado sin ninguna corroboración ulterior en una presunción de un medio televisivo argentino, notorio por sus actividades ideológicas”. Otro caso. “El 12 de noviembre, Página Siete en La Paz, Los Tiempos y Opinión de Cochabamba, suspendieron la circulación de sus respectivas ediciones impresas, dado el clima de inseguridad y amedrentamiento a periodistas y sus medios”. Relatoría no dice que estos medios fueron amenazados con la quema sus oficinas por movimientos afines al MAS que incendiaron  65 buses Pumakatari y los hace ver como si fuera por la violencia del gobierno transitorio. La Nota verbal de Bolivia a la CIDH señala que “coincidimos en que el Estado debe investigar los hechos referidos para establecer su carácter bajo los principios constitucionales y de derecho internacional sobre la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, debido proceso y de manera general, sin minimizar ni discriminar unos hechos y amplificar la importancia de otros y precisando a qué gobierno dichos hechos son imputables”.
 

Punto de vista
Raúl Peñaranda,  es periodista

Los excesos los cometió Morales

Ahora resulta que la CIDH asegura que la situación del periodismo boliviano, poco menos, se ha tornado en los últimos meses más peligrosa que durante los años del gobierno anterior. El informe da un detalladísimo listado de supuestas amenazas a medios de comunicación y reporteros, que contrasta con los deslavados informes presentados años atrás. El gobierno de Evo Morales se caracterizó por tener a periodistas enjuiciados, reporteros forzados a renunciar, medios chantajeados, además de haber cometido violaciones a la ley permanentes, entre otras nada menos que vulnerar el voto popular del 21 de febrero de 2016 para poder reelegirse indefinidamente. La CIDH decidió no enviar a la Corte IDH un pedido para ver si ello era o no correspondiente con la Carta de San José, directamente coludiéndose con Morales. Por su parte, la Relatoría de Libertad de Expresión se pone ahora las pilas porque sus responsables no se tragan la idea de que 21 días de protestas lograron sacar a Morales del poder. Insisten en llamar “autoproclamada” a la presidenta Jeanine Añez. Comparar los excesos, sobre todo verbales, contra periodistas, ocurridos tras la caída y fuga de Morales, con todo lo sucedido en los 14 años previos no puede sino generar irritación de los periodistas bolivianos que, con razón, durante gran parte de ese régimen, se sintieron abandonados por los organismos internacionales de derechos humanos.

 Y la irritación aumenta cuando se sabe ahora que esos organismos sí tenían la capacidad de actuar rápida y contundentemente para hacer denuncias.