Nueve diputados supraestatales fueron elegidos en las elecciones de 2014, por primera vez en el país, en aplicación de la Constitución de 2009. En los últimos cinco años, según  analistas, no se visibilizaron porque su rol no fue “gravitante para el país”. Terminaron su gestión el 21 de enero y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no amplió su mandato como ocurrió con sus colegas senadores y diputados. Ahora ellos dijeron que trabajan incluso de manera “virtual” y  exigen el pago de sus sueldos de los últimos tres meses.

El grupo tiene a ocho de los nueve supraestatales  del MAS y a uno de Unidad Demócrata, cada uno representa a los nueve departamentos. Con el ingreso del gobierno de Jeanine Añez, desde noviembre, se vieron disminuidos con tres renuncias: El Beni perdió a su titular, Mery Elina Zabala, y a su suplente, Álvaro Coimbra. Este último es ministro de Justicia. Y, Mónica Rey, dejó solo al titular Eustaquio Cadena, de La Paz.

El diputado supraestatal Herbert Choque, de Oruro y del MAS, en comunicación con Página Siete responsabilizó a su correligionaria Eva Copa, presidenta del Senado, que los supraestatales estén sin sueldos y sin presupuesto, para asistir a reuniones de parlamentos internacionales, porque envió la ampliación de mandato de su grupo de asambleístas al Tribunal Constitucional y que desde marzo está sin respuesta. 

“La consulta al TCP la hace el Senado, su presidenta, Eva Copa” porque “estamos inmersos todas las autoridades electas, nosotros somos electos y no se ha interpretado (bien), más al contrario me parece que hubo una mala orientación y por eso no nos colocaron en la ley (de ampliación de mandato del conjunto de asambleístas), nosotros debido estar en la ley”, afirmó Choque.

Cada uno de los nueve titulares ganaba 22.600 bolivianos mes y sus nueves suplentes, la mitad. Ambos grupos recibieron sus sueldos incompletos el 21 de enero, cuando concluyó su mandato y debieron ser reemplazados por otros electos en las elecciones del 20 de octubre, comicios que fueron anulados por fraude electoral. Pero como hubo ampliación de mandato de los 130 diputados y 36 senadores, con sus respectivos suplentes, desde el 22 de enero hasta la posesión del nuevo gobierno y legislativo, en elecciones aún sin fecha, los supraestatales dieron por hecho que el TCP prorrogará su mandato y por ello, según Choque, continuaron con su trabajo, con “reuniones virtuales”. “Para no tener incumplimiento de deberes con el Estado, seguimos trabajando de manera virtual”, dijo.

La Cámara de Senadores aprobó el 3 de marzo la remisión del Proyecto de Ley de Prórroga de Mandato de Representantes ante Organismos Supraestatales al TCP para su control de constitucionalidad. El 15 de enero, el TCP emitió un fallo señalando la constitucionalidad de la ampliación de mandato de la presidenta Añez, diputados, senadores y autoridades subnacionales.

Choque cree que su grupo no reciben sueldos de marzo, febrero y parte de enero porque “no si fue mala voluntad del equipo técnico (del Senado) que envió tarde (la solicitud de ampliación), que ahora está en el TCP” sin respuesta. Afirmó que la falta de presupuesto les impide asistir a las invitaciones de los distintos parlamentos a los que están adscritos. “Ahora nos están perjudicando, teníamos invitaciones para el Parlamento Andino, Unión Interparlamentaria para sesionar”, pero, continuó, “por las cosas que se han dado (cuarentena contra el Covid-19) no se pudo viajar y nosotros seguimos trabajando, hemos tenido las respectivas sesiones”.

Las leyes no son vinculantes

El diputado supranacional Alberto Moreno Cuéllar de Pando, también del MAS, en comunicación con Página Siete, reconoció que él y sus colegas “desde diciembre no hemos sesionado en ningún país” y “la verdad se tornó algo dificultoso, no hemos podido realizar y no podemos estar mintiendo; hasta la fecha no hemos podido sesionar (en el extranjero) porque para tener reuniones ordinarias y extraordinarias” se requiere presupuesto que no está aprobado. Recordó que en los últimos cinco años él y sus colegas participaron de varias reuniones –en el Parlamento  Andino, Parlamento Amazónico, Parlamento Indígena, Parlatino, Mercosur, Unión Interparlamentaria– en las que se debatieron varias leyes, con aportes de otras realidades, pero  no fueron vinculantes en el país. 

“El Parlamento Andino, en Bogotá, alcanzó documentos de importancia pero no son vinculantes”, dijo, pues contaron con expertos de México, Canadá en temas de medioambiente, energía, de la tercera edad, de la mujer, entre otros. Contó que sus suplentes destinan una semana del mes para asistir a un evento internacional, como ocurre con sus pares en Diputados y Senadores. “No somos de fierro, asistimos a cuatro sesiones ordinarias, el suplente tiene que viajar una vez al mes; cuatro sesiones el titular y una el suplente”. También dijo que en sus regiones de origen sostienen reuniones con las brigadas de parlamentarios.
 

Piden a los supraestatales mostrar qué hicieron en cinco años

Dos analistas consideran que los diputados supraestatales deberían mostrar sus logros y sus contribuciones al país para reclamar sus derechos, como es el pedido del pago de sueldos por enero, febrero, marzo y los meses siguientes, además de su presupuesto para asistir a sus reuniones en el extranjero.

“Es una figura un poco desconocida (los supraestatales) y quisiéramos saber los bolivianos ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué  han hecho? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué han hecho en estos cinco años de gestión? Sería interesante que nos digan lo que han hecho y con esa autoridad reclamen sus derechos”, cuestionó la analista María Teresa Zegada.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó que los nueve diputados “no ha sido un sector que ha gozado del apoyo de la sociedad, en la línea de reconocer el trabajo que hacen ellos como supraestatales”. 

A su parecer “es un tema a tomar en cuenta, de los contrario se estaría fomentando (una labor improductiva); por otra parte, aunque fuese legal (el pedido de su sueldo) es una situación totalmente contradictoria y adversa a lo que está pasando en el país porque los sueldos vienen de los aportes de los  bolivianos”.

Zegada dijo que los supraestatales “nunca hicieron noticia, porque hemos supuesto que a todos (senadores y diputados) se amplió el mandato” y es “extraño que recién casi tres meses (después estar impagos) hayan hecho una declaración”. La no ampliación de mandato de este sector “es muy extraño, es un problema de vacío legal que político, porque el rol de estos parlamentarios no es gravitante para el país, hasta ahora no queda muy clara la función del beneficio de la calidad de diputados”.

Villena aseguró que “es un tema pendiente, no porque sea un tema legal sigan las cosas como están y si hacemos una evaluación del trabajo y los resultados que dicen ser nuestros representantes a nivel supranacional da mucho que desear”.

Zegada consideró que “la composición (de los nueve diputados, ocho del MAS y uno de la UD) un poco quizá refleja la composición el parlamento en estos (cinco) años, una mayoría del MAS con alguna presencia de la oposición”.

La politóloga sugirió investigar “el rol de los supraestatales, no habría razón para que tengan el mismo tratamiento que el resto (diputados y senadores) y tampoco cabe establecer cuál es el aporte que hacen al país, ellos deberían pronunciarse explicando cuál es el aporte que ellos hacen y la necesidad de que se amplíe el mandato y que sean tratados con las mismos derechos y obligaciones que el resto de los parlamentarios electos” del país.