El gobierno boliviano rechazó el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la carta de respuesta de parte de la Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, lo calificó de sesgado y solicitó precisión.

“Bolivia considera que el límite para la acción de la CIDH en alcanzar el objetivo de la defensa de los derechos humanos está en el respeto a sus propias reglas y, como señala la Corte Interamericana, ‘no atenerse al principio de imparcialidad acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de DDHH’.”, reza el documento.

El informe de la CIDH, que se presenta cada año, tiene como objeto dar un pantallazo de la situación de la libertad de expresión en los 35 países americanos. En el caso de Bolivia, el organismo concluyó que en 2019 se registraron “vulneraciones a derechos humanos” y una “falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”.

En el documento, publicado el 24 de febrero, se relata decenas de incidentes que tuvieron como protagonistas a ciudadanos, fuerzas de seguridad y periodistas. Ese organismo hizo especial énfasis en la situación vivida en los nueve departamentos tras las elecciones del 20 de octubre del año pasado.

En respuesta, el Gobierno boliviano señala que el informe no se atiene a ese principio de imparcialidad. Por ejemplo, se califica erradamente de “autoproclamación lo que fue una sucesión constitucional reconocida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (controlada por el partido de Evo Morales (MAS) y validada por el Tribunal Constitucional, cuyos Magistrados fueron elegidos por la mayoría parlamentaria del MAS”, establece la carta.

El Gobierno reconoce que Bolivia vivió momentos de violencia y de enfrentamiento entre octubre y noviembre de 2019, pero rechaza que los disturbios fuesen causados por el movimiento popular denominado “Pititas”.

El Gobierno de Bolivia solicita que se aclare con precisión que la gran mayoría de denuncias de graves violaciones de derechos humanos contra periodistas, contenidas en el informe de la Relatoría, corresponden al Gobierno y a grupos paramilitares afines del entonces Presidente Evo Morales.

“La rebelión ciudadana pacífica en Bolivia fue impulsada por jóvenes y mujeres de todas las regiones del país y de todos los sectores sociales que, indignados por el ultraje a su voto y el daño al medio ambiente por la quema de la Chiquitanía autorizada por el gobierno de Evo Morales, emprendieron una lucha por la democracia por 21 días que terminó con la tiranía”, asevera.

Reprocha que en lugar de realzar “el ejemplo de un histórico movimiento ciudadano pacífico” la Relatoría “tome partido por una tiranía que pretendía usurpar el poder”.