La  presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia,  Eva Copa, junto a los jefes de bancada del partido azul de las dos cámaras propuso ayer la  realización de una Cumbre Solidaria por Bolivia con la participación de trabajadores, empresarios, instituciones y otros sectores con el  objetivo de delinear cuáles deben ser las medidas a asumir después de la  cuarentena decretada para evitar la expansión del coronavirus, según Oxígeno.

“Nosotros proponemos una cumbre integral solidaria en nuestro país  que la estamos llamando Cumbre Solidaria por Bolivia, donde deberían participar el Parlamento, el Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores para poder hacer un análisis postcuarentena, ¿Qué va a pasar  después del coronavirus?, ¿Qué pasa cuando se levante la cuarentena?,  ¿Cómo nosotros vamos a trabajar?, ¿Qué medidas económicas y sociales  vamos a tomar?”, dijo.

Explicó que la convocatoria está hecha al sector empresarial, los  trabajadores, autoridades del Órgano Ejecutivo y los Asambleístas para  que se pueda analizar las medidas socio-económicas que se asumirán tras el levantamiento de la cuarentena, sobre todo contemplando a los  sectores más afectados por las restricciones de la cuarentena.

CRÍTICAS Copa, acompañada por el senador Efraín Chambi y la diputada Betty Yañiquez, manifestó que se ve con mucha preocupación que el Gobierno  transitorio “no llega con una propuesta integral para la población  boliviana para poder contener el coronavirus”, por lo que asumieron esta postura de convocar a la cumbre con la finalidad de tener un plan  integral para toda la población.

Yañiquez, jefa de bancada del MAS en Diputados, sostuvo que las  medidas económicas asumidas por la presidenta Jeanine Añez son  “extemporáneas”, toda vez que el Bono Universal será cancelado al final  de la cuarentena y por espacio de tres meses, “como si el hambre  esperara los 90 días”.

Dijo que el Gobierno debe explicar el origen de los recursos económicos que se usarán para que los bonos y la medida económica para empresarios y micro empresario sean sostenibles.

“Es importante que se haga conocer estos aspectos a fin de que los mismos sean efectivos y a la larga no tengamos otro tipo de conflictos que den lugar a otro sufrimiento”, apuntó.

A su turno, el senador Chambi aseveró que las actuales medidas  económicas y sociales como el pago de la canasta familiar y la  reprogramación de créditos son iniciativas del MAS, lo que demuestra, dijo, que  se está trabajando por los sectores más vulnerables de la población  boliviana.

“Esta cumbre será un espacio importante para que podamos planificar que va ser después de la cuarentena”, acotó.

MÁS PROPUESTAS Por otro lado, el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, propuso ayer, entre otras cosas, que el Gobierno incremente a 1.000 bolivianos la Canasta Familiar (actualmente es de 400) y el Bono Familia (de 500). Además, pidió que el Bono Universal sea de 2.000 bolivianos, y no de 500 como anunció el Gobierno, y que se pague “inmediatamente” y no a partir del 30 de abril.

“Es inhumano poner a las familias en la disyuntiva de morir de hambre o morir por el coronavirus”, aseveró en un video difundido por las redes sociales.

El candidato del MAS, además, advirtió que la pandemia está generando una crisis que podría desentonar en “una catástrofe humanitaria sin precedentes” y criticó las “reacciones tardías” del actual Gobierno.

“Las acciones tardías, ineficientes, parciales, discriminatorias e improvisadas han complicado la gestión de la pandemia. Las necesidades del pueblo boliviano no pueden estar a merced del ritmo de entendimiento del Gobierno”, afirmó.

Asimismo, para enfrentar la crisis económica planteó la creación de un fondo solidario que será destinado para la salud. En ese sentido, planteó aplicar un “impuesto a las grandes fortunas” y establecer un tope salarial de 14.000 bolivianos para los funcionarios públicos.

Dijo también que no se debería pagar el servicio de la deuda externa el 2020 y el 2021, que se repatríe los activos de los paraísos fiscales y que se destine hasta un 10% de aportes de las AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones) para aportes productivos.