Año tras año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe que tiene como objeto dar un pantallazo de la situación de la libertad de expresión en los 35 países americanos. En el caso de Bolivia, el organismo concluyó que en 2019 se registraron “vulneraciones a derechos humanos” y una “falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”.
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El organismo internacional advierte de una falta de garantía y seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.
Los conflictos suscitados en Senkata, El Alto. Foto: Archivo / Página Siete
Año tras año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe que tiene como objeto dar un pantallazo de la situación de la libertad de expresión en los 35 países americanos. En el caso de Bolivia, el organismo concluyó que en 2019 se registraron “vulneraciones a derechos humanos” y una “falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”.
Si bien el informe resume la situación del país durante todo el pasado año, el organismo hizo especial énfasis en la situación vivida en los nueve departamentos tras las elecciones del 20 de octubre. De esta forma, la CIDH explicó, a lo largo de 15 páginas, del Volumen II publicado el 24 de febrero, decenas de incidentes que tuvieron como protagonistas a ciudadanos, fuerzas de seguridad y periodistas.
Sobre las movilizaciones ciudadanas
La Comisión manifestó que después de las elecciones del 21 de octubre y durante más de 20 días, “el país vivió una escalada de violencia”.
Por un lado, señaló a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a la Policía nacional como los responsables de la muerte de 35 personas “en las denominadas masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz)”.
Y por el otro, aseguró que las protestas ciudadanas “escalaron en el uso de violencia después de que ambos frentes políticos pidieran a sus seguidores la defensa de su voto, razón por la cual se habrían originado enfrentamientos que vulneraron el ejercicio de muchos derechos humanos, entre ellos la libertad de movimiento, libre asociación y expresión".
Papel de las fuerzas de seguridad
La CIDH y su Relatoría Especial destacó que “desde la salida de expresidente Morales el 10 de noviembre (...) en el país se viviría una fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y movimientos sociales de larga tradición histórica, con la utilización de armas de fuego y agentes químicos que habrían generado un incremento en el número de personas muertas, heridas y detenidas”.
El organismo expresó su preocupación por la la participación de las FFAA en operativos para control del orden público e instó al Gobierno a “investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad”.
“Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes”, subrayó el informe.
Sobre los medios de comunicación
La CIDH concluyó, basada principalmente en la visita de observación que realizaron en Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre, que se registró una “falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”, durante los conflictos del pasado año.
En concreto, denunciaron “agresiones permanentes durante la cobertura de dichas protestas hacia periodistas, comunicadores populares, activistas, y todo aquel que intente registrar el excesivo uso de la fuerza”.
En total se contabilizaron cerca de 70 periodistas y comunicadores de 25 medios de comunicación nacionales e internacionales, que fueron agredidos “por parte de algunos manifestantes violentos que apoyaban el paro cívico desde el movimiento denominado Pititas, de movimientos violentos de simpatizantes del ex gobierno de Morales, como también por el excesivo uso de la fuerza en las tareas conjuntas de la Policía Nacional y las FFAA”.
Especial énfasis se hizo sobre las agresiones sufridas por las periodistas mujeres, quienes fueron amedrentadas con insultos en razón de su género cuando realizaba coberturas de protestas.
Presunto asesinato de periodista argentino
El organismo subrayó las dudosas circunstancias que rodearon la muerte del corresponsal del periódico Página 12 de Argentina, Sebastián Moro, y abrió la posibilidad a que se trate de un “asesinato”.
El 10 de noviembre y tras haber enviado el último artículo al medio argentino sobre la situación en Bolivia, el periodista fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada de La Paz. De acuerdo al parte médico, Moro falleció por un ACV, aunque la familia ha denunciado que podría haber sido asesinado por su trabajo periodístico.
“La CIDH y su Relatoría Especial ha recibido información sobre las circunstancias poco claras que rodean la muerte del periodista, entre ellas, el parte médico sobre politraumatismos en su cuerpo, sobre la falta de herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones. Asimismo, habrían llamados telefónicos borrados del celular y según denuncias presentadas por la familia, la clínica privada habría secuestrado los documentos médicos del periodista, secuestro que persistiría hace la fecha del cierre de este Informe Anual 2019”, mantuvo el organismo.
Nuevamente, la Comisión instó al Gobierno a investigar “de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”.
Delitos de “terrorismo” y sedición”
El informe reitera la preocupación de la CIDH “por la persecución y hostigamiento de periodistas independientes y comunicadores populares, a través del uso de figuras penales como ‘terrorismo’ y ‘sedición”.
En concreto recordaron, que la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó el pasado noviembre a periodistas nacionales e internacionales con procesos penales por sedición, declarando que “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley boliviana”. Además, indicó que “esos periodistas ya están identificados” y que el ministro de Gobierno "va a tomar las acciones pertinentes”, algo que, de acuerdo al organismo, “habría contribuido a crear un clima de silenciamiento en la prensa”.
