La crisis desatada por el coronavirus ha puesto en evidencia algunos elementos conocidos por los bolivianos que, sin embargo y a pesar de tratarse de temas que forman parte de la composición programática de diversas organizaciones, líderes políticos y partidos, no se han enfrentado nunca con la suficiente contundencia.

Tales elementos, en algunos casos, forman parte de la estructura social arraigada de los bolivianos que se arropa por las costumbres de algunos sectores sociales concretos, pero que son fácilmente trasladables a grandes espectros de la sociedad. Esos elementos hasta el día de hoy no se han superado y todavía se constituyen en una falencia inevitable que detiene cualquier asomo de oportunidad en algunos campos de desarrollo, como el comercio ligado a la economía, la seguridad ciudadana o la salud pública.

Para bien y para mal, la crisis desatada por la epidemia del coronavirus ha sacado a relucir estos elementos de orden social que ponen en duda la validez de un sistema político cuestionado desde hace muchos años. Incluso antes de los casi 14 años del nefasto gobierno masista que potenció esas malas prácticas, en todos los niveles de una sociedad desorientada que hoy aspira a un cambio de paradigma.

Uno de aquellos elementos es la informalidad en las relaciones comerciales que representa una parte relevante del tejido económico nacional y es hoy una práctica muy posicionada en un sector de la sociedad boliviana. La informalidad no solo afecta a la estructura económica del país, sino que fomenta prácticas insanas como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad en la relación de imposición fiscal entre el Estado y el ciudadano.

Hoy somos testigos de la dificultad que esta práctica supone para la seguridad de la ciudadanía en cuanto al control del coronavirus. La informalidad, sin lugar a duda, está dificultando el cumplimiento de los controles y los límites impuestos por el Gobierno para contener la expansión de la pandemia que se ha cobrado ya más de 125.000 víctimas fatales en todo el mundo.

A pesar del pésimo estado de la salud pública en Bolivia, el Gobierno actual ha acertado en la ejecución de medidas orientadas a controlar la propagación desmesurada del virus. La cuarentena generalizada, los límites a la movilidad, la prohibición de eventos masivos como medidas extremas para la consecución de los objetivos planteados, han servido para contener el avance masivo de la epidemia, al menos por ahora. En ese sentido, la prontitud de las medidas está justificada por una cualidad de previsión, a pesar de la suspensión temprana de la actividad económica y productiva. Una vez más, parte de la solución de la crisis dependerá de la disciplina ciudadana y del rigor de las medidas determinadas por las autoridades.

Por otro lado, sorprende observar cómo el papel de una institución que ha sido desprestigiada con insistencia en las últimas décadas por la dejadez del Gobierno de turno para asumir reformas importantes y necesarias y debido, además, a su instrumentalización para la satisfacción de fines políticos, ha dado un giro repentino, aunque no garantizado. La policía nacional viene jugando un rol muy significativo a la hora de ejecutar medidas en connivencia con la ciudadanía y, una vez más, en la actual crisis sanitaria, están a la altura de su responsabilidad.

Finalmente, y a modo de conclusión es importante acudir a la autocrítica aún en las circunstancias en las que nos encontramos. La reflexión parte de la evidencia de algunos hechos en concreto, que ponen en relieve el sentido más primario de la sociedad y su respuesta a los acontecimientos. Una respuesta que debería como ejes la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad como valores de acción en sociedad.

Esta crisis ha mostrado ese lado más primitivo de una sociedad incapaz de responder con criterio constructivo y sentido de la solidaridad. Primero la noticia de una señora suplicando una atención médica que nunca se la dieron porque presentaba los síntomas del Covid-19. Posteriormente, el peregrinaje de un hijo para enterrar a su madre que acababa de fallecer por esa enfermedad, impedido por sus vecinos para tal cometido, las circunstancias opacas del fallecimiento del exdirector de la empresa de telecomunicaciones AXS y, finalmente, la ignominia a una médica cuyos vecinos le impidieron el acceso a su domicilio en Cochabamba.

Estos hechos deben, sin exclusiones, obligarnos a hacernos las siguientes preguntas: ¿estamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud, reparando en que la responsabilidad es compartida entre autoridades y ciudadanos? ¿somos conscientes de la gravedad de la crisis y su efecto en la sociedad y en la economía una vez superada la pandemia? ¿qué elementos nos tocará plantearnos el día después de la crisis para mejorar y cuáles serán las tareas pendientes a partir de entonces?