Hace poco estuve en Nueva York, reunido con inversionistas institucionales con foco en Latinoamérica y muchos pronosticaron que ante el viraje político que dio Argentina, la convulsión social que vivió y que seguramente seguirá experimentando Chile en el mediano plazo, y la crisis política que viene experimentando Perú desde hace años, si el actual y el próximo gobierno de nuestro país toma medidas acertadas rápidamente para dinamizar al sector privado, generando a la vez un escenario apto para atraer inversión extranjera, Bolivia podría cambiar su imagen negativa rápidamente y convertirse en un destino importante para recibir aquella inversión. 

Ya a partir de 2016, los economistas más prominentes del país, así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pronosticaron que la economía boliviana iba a sufrir una contracción como resultado de la caída de los precios de los commodities y el ascenso estrepitoso del gasto público. Como medidas para aliviar aquella situación, sugerían al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que, entre otras medidas, redujera el gasto público, evitara el uso indiscriminado de las reservas internacionales para financiar proyectos y dinamizara al sector privado para mejorar la recaudación fiscal.

En retrospectiva, es evidente que el MAS omitió por completo todas aquellas sugerencias más, por el contrario, resolvió incrementar el gasto progresivamente todos los años subsecuentes, esto a pesar de la caída de la recaudación fiscal; utilizó las reservas internacionales para financiar proyectos que no respondían a las necesidades inmediatas de la población, por ejemplo, la construcción del tren metropolitano de Cochabamba ( 500 millones de dólares) e inclusive la construcción de un centro de investigación nuclear en El Alto ( 350 millones de dólares); y, finalmente, como si fuera poco, arremetió contra el sector privado, exigiendo mayor inversión, mientras ponía en marcha rigurosas políticas para generar eficiencias en la recaudación fiscal.

Adicionalmente, el MAS endeudó al país con más de 10 mil millones de dólares, tanto para cubrir el déficit fiscal como para dar cabida a proyectos de infraestructura, muchos adjudicados a empresas de la China gracias a financiamiento otorgado por ese mismo país. 

La situación anterior, heredada por el gobierno actual, sumada a la incertidumbre política que experimentaremos hasta la posesión de un nuevo Ejecutivo y Asamblea Legislativa, así como la crisis mundial ocasionada por el covid 19, hace imposible vislumbrar una situación económica favorable en los años venideros. 

Sin embargo, existen ciertas medidas que el presente y el próximo gobierno podrían adoptar, independientemente de quien asuma las riendas del país tras las próximas elecciones, para dinamizar al sector privado y atraer inversión extranjera, logrando así el ingreso de circulante, la generación de nuevos empleos y el resultante aumento de la recaudación fiscal. Las medidas, por supuesto, deberán alterar el marco jurídico que afecta a las inversiones y a los nuevos emprendimientos.

En ese sentido, el primer paso debe estar orientado a brindar a los inversionistas seguridad jurídica, y para ello será necesario negociar nuevos tratados de protección de inversión con las principales economías del mundo. En paralelo, será central que las autoridades brinden a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en los sectores estratégicos del país distintas alternativas a las actuales para que puedan resolver sus disputas con el Estado, tal como lo son el arbitraje comercial y el de inversión.

De otra parte, e igual de apremiante, (1) es implementar una reforma fiscal para modernizar aquella normativa que data de los 80s, y brindar a la inversión extranjera previsibilidad e incentivos fiscales para estimularla; (2) relajar las duras regulaciones laborales, generando equilibrio en las relaciones de empleo, dando pie al dinamismo empresarial que viven nuestros vecinos, Chile y Perú, por ejemplo; y, finalmente, (3) ajustar la regulación que afecta a la contratación pública a estándares internacionales, esto para evitar actividades ilícitas y estimular la inyección de inversión extranjera en los grandes proyectos, particularmente en aquellos de infraestructura que previsiblemente podrían ser desarrollados a través de asociaciones público-privadas.

 Una vez implementados estos cambios estructurales, el Gobierno deberá enfocarse en modificar las leyes y regulaciones que aplican a los sectores estratégicos del país (hidrocarburos, minería, energía, banca, seguros, telecomunicaciones, agronegocios, etcétera) para dinamizarlos y conseguir mayor inversión por parte de los actuales y nuevos actores, así como desarrollar nuevas leyes para sectores no previstos en nuestra legislación, particularmente en materia de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. 

Por tanto, nuestro futuro descansa en la capacidad de nuestros gobernantes de, a pesar de la difícil situación que atraviesa el país gracias al covid 19, no quitar el foco en la economía a mediano y largo plazo, identificando e implementando rápidamente las medidas expuestas, y así tomar provecho de esta sinigual oportunidad para atenuar los efectos de la inminente crisis económica que experimentaremos dentro de poco.

Carlos Pinto  es socio de Ferrere Abogados, especialista en negocios e inversiones.