Nadie va a dudar de que el fin de las autoridades transitorias es preservar la salud de los bolivianos. Sin embargo, no parece lograrlo debido a muchos motivos, más allá de las mismas carencias.

Reacción. No siempre el Gobierno reaccionó oportunamente ante la llegada del virus al país. Oruro tomó la iniciativa nada más al reportarse el primer caso; la cuarentena fue replicada en el país con resultados que le permitieron guardar un silencio epidemiológico de 21 días.

Campaña. Al principio de la emergencia sanitaria, el Gobierno aprovechó el duro momento para continuar con la campaña electoral para su presidenta-candidata Jeanine Áñez. Sus candidatos a legisladores y el mismo acompañante electoral de la mandataria, Samuel Doria Medina, comenzaron a repartir barbijos con la inscripción Juntos, la alianza oficialista.

Bajo esa misma lógica, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comenzó a culpar al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, de electoralizar la emergencia. Arce había sugerido varias veces solicitar ayuda Cuba y China para hacer frente a la pandemia, iniciativa rechazada las mismas veces por las autoridades.

Ni qué decir de los mensajes casi diarios de Áñez, que además de invocar a Dios suele recordar que “heredó” un sistema de salud precario del gobierno de Evo Morales. La narrativa es recurrente en todas las autoridades del Gobierno

El suyo no ha sido necesariamente herencia de una transición legítima y no hay razón para justificar los malos resultados con la presunta inacción de antes.

Estigmatización. Todas protestas que al inicio de la cuarentena hubo en El Alto y otras regiones del país fueron calificadas por el Gobierno de políticas e impulsadas por el MAS.

Pero lo más grave ocurrió en medio de la crisis de repatriados de Chile. El director de Migración, Marcel Rivas, acusó a la columna de tener infiltrados del MAS. Es más, Murillo, sin pruebas, dijo que ese partido pagó Bs 300 a muchos de ellos.

Y los más ridículo sucedió cuando el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, dijo que el alcalde de Colchane (Chile), Javier García, es del MAS. La autoridad chilena había abogado por más de 500 bolivianos que pretendían ingresar a Bolivia.

Consenso. Si otras son las prioridades, es menos posible un consenso. El Gobierno no fue capaz de consensos efectivos para la ejecución de sus medidas; al contrario, generó tensiones con algunos servicios departamentales de salud, al punto de “intervenirlos”, como anunció en su momento el ministro Murillo.

Las regiones tomaron medidas por iniciativa propia, que hasta molestaron a las autoridades nacionales. Se quejaron por la decisión “inconsulta” de Oruro sobre la cuarentena y en su momento la suspensión de clases en esa región fue cuestionada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

No fue casual la molestia de organizaciones sanitarias y de salud con el plan gubernamental sobre la lucha contra el coronavirus.

Militarización. Luego de la crisis de octubre y noviembre, cuya represión terminó con al menos 35 fallecidos en La Paz, El Alto y Cochabamba, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles no siempre es vista con buenos ojos.

A pesar de algunos excesos, la acción de los militares y policías está dirigida a contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, la represión, obvio, no causa empatía en la ciudadanía en un desafío tan importante como el que el país experimenta.

Desinformación. El Gobierno no ha tenido la capacidad de, primero, informar correctamente sobre la gravedad delos efectos del coronavirus de manera colectiva y personal, y, segundo, comunicar oportuna y eficientemente de las medidas de prevención.

Otra vez Oruro. Antes de que rija la cuarentena en la región, sus autoridades dieron tiempo a la ciudadanía a conocer las medidas y tomar sus previsiones. Si bien urgentes, las medidas no fueron intempestivas.

La reacción del Gobierno fue tardía y sorpresiva para la ciudadanía, que no tuvo tiempo de abastecerse ni tomar sus previsiones, con la consecuencia negativa del desacato de las medidas.

Test. Hasta hace unos días, en todo el país se desarrollaban 180 pruebas diarias de COVID-19, muchas de ellas “centralizadas” en La Paz y en Santa Cruz. El entonces ministro Aníbal Cruz había adelantado que en los “próximos días” el número iba a subir a 1.342 diarias.

Mientras no haya test suficientes, el riesgo es que el coronavirus esté pululando y propagándose más. Ahí radica la importancia del incremento de las pruebas.

Cruz solía difundir datos del “call center”, las llamadas de emergencia, cuando debería estar dando cifras de cuántas pruebas diarias se hacen. Mientras muchas, mejor.

Políticas discriminatorias. El Gobierno ha hecho los esfuerzos por paliar la economía de los sectores económicamente más vulnerables, pero no ha llegado todos.

De su lista de beneficiarios, “heredada” de políticas del anterior gobierno, los bonos los recibirán los que también reciben el Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el Juana Azurduy de Padilla y el de Personas con Discapacidad.

Son buenas medidas los subsidios de agua, electricidad y gas, aunque no abarca a grupos poblacionales más desposeídos que no cuentan con esos servicios.

No está mal, pero hay importantes sectores que viven en situación de pobreza que no están consignados. Menos mal que algunas alcaldías se están encargando de ellos.

El campo no cuenta. Las medidas del Gobierno son “urbanas”: circulación peatonal con el último dígito del carnet, prohibición de vehículos en las vías, servicios de salud y emergencias, subsidio de servicios, bonos, cobros…

Si bien los bonos llegan también a ciudadanos del área rural, millones de ellos no cuentan con algún apoyo del Estado.

Por ejemplo, las restricciones a la circulación peatonal y vehicular afectan a las actividades agrícolas. Muchos campesinos que viven en los centros poblados (pueblos o ciudades intermedias) tienen que recorrer importantes distancias para llegar a sus áreas de cultivo o pastoreo. Ahora están impedidos, más por el control militar de los últimos días que se guía por formas urbanas de subsistencia y vida.

Muchos productores suelen hacer faenas en esta época del año para cosechar importantes extensiones de cultivos.

La cosecha no se puede abandonar, implicaría importantes pérdidas para el productor. Precisamente su sustento económico radica ahí.

No solo eso. Muchos campesinos llevan a las ciudades su cosecha; ahora están impedidos de hacerlo sin una coordinación previa para el transporte de mercaderías.

Ni qué decir de las transacciones que requieren o la provisión de productos que no se producen en sus áreas.

El campo no cuenta, ésa una gran falencia/omisión de las políticas del Gobierno