«Se han confirmado las denuncias que hemos hecho cuando hablábamos de más de 250 delincuentes que estaban infiltrados en esa movilización (…), hemos detectado que una ciudadana la señora (Andrea) Martínez que ha estado articulando este complot (…), el 19 de febrero se la detectó en la residencia de la Embajada de México reuniéndose con Juan Ramón Quintana y después de su viaje a Chile, nuevamente en marzo se vuelve a reunir, pero esta vez con el señor Osberth Carrillo un militante del Movimiento Al Socialismo (MAS)», informó a los periodistas.

Explicó que la investigación de esa denuncia se profundizó con un cruce de información, estableciendo que varias personas vinculadas al MAS, pagaron dinero y movilizaron gente atentando contra la salud pública y la seguridad de los bolivianos, específicamente en la frontera de Colchane y Pisiga.

«El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa denuncio que, Luis Arce, candidato presidencial por el MAS, el expresidente, Evo Morales, exvicepresidente, Álvaro García Linera y el señor Juan Ramón Quintana, estaban detrás de la desestabilización y eran parte de la red de financiamiento de estos hechos de violencia que se han ejercido en Colchane», agregó.

Denunció, también, que en Chile, Argentina y Brasil fueron identificados activistas del MAS que ofrecían a bolivianos residentes en esos países regresar a Bolivia con la garantía de que tendrían transporte y alimentación.

Según Rivas, esos casos no son aislados y los bolivianos no actuaron de manera personal, sino que fueron maniobrados por operadores políticos del MAS para generar hechos de violencia.

Entre las evidencias, dijo, que, Andrea Martínez, no es simplemente una internauta, sino es una activista declarada del MAS y por ello se reunió con Quintana para organizar los movimientos violentos.

«En coordinación con el señor Juan Ramón Quintana, quien está en la residencia de México, es que han movilizado y manipularon a los ciudadanos bolivianos para generar violencia y malestar», complementó.

La autoridad presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Martínez y otras 24 personas para que «sean investigados por los delitos de atentado contra la salud pública».

En alusión a Quintana, dijo que no puede ser que un delincuente que está prófugo de la justicia «siga manipulando en nuestro país», generando violencia y otros delitos para atentar contra la salud de los bolivianos.

En la demanda penal, dijo, que solicitarán el movimiento económico de los denunciados en sus cuentas bancarias, ya que se conoció también que pagaban 300 bolivianos para generar los hechos de violencia.

Al margen de Martínez y Arancibia, dijo también que están implicados Pedro Chumacero, Ana Sosa Zuleta, Ademar Valda, Denis Torrico Crespo, Herman Meneses Sanabria, Ronald Montesinos, Carlos Condori, Omar Romero, Alex Ponce y otros.

Rivas dejo establecido que la investigación fue hecha por el Ministerio de Gobierno, Migración, la Cancillería de Bolivia y Chile, y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).