El caso surgió después de que el sábado por la mañana, la cuenta del Ministerio de Justicia publicó un tuit, en el cual se hacían públicas supuestamente los datos e personas infectadas con Covid-19 en Santa Cruz. La publicación sólo duró unos minutos hasta que fue borrada, pero su captura de pantalla ya había sido difundida.

El Gobierno contrató a la empresa Ethical Hacking, la misma que evidenció pruebas de manipulación informática en las elecciones de 2019, para investigar el caso.

El gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, explicó que la publicación no había sido fruto de un “hackeo”, sino que en realidad la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia ya estaba vinculada desde 2017 a la cuenta @SoyUnCocodriloS, la cual tenía el poder de administrarla a través de la aplicación Tweet Deck.

Esa cuenta @SoyUnCocodriloS sería la responsable de la publicación a nombre del Ministerio de Justicia, pero además en su propio muro de Twitter esa misma cuenta publicó minutos después la captura de pantalla del tuit, acusando a la entidad estatal de vulnerar el derecho a la privacidad, al publicar los datos de los contagiados con Covid-19.

Andrade indicó que esa cuenta @SoyUnCocodriloS no sólo tenía la autorización de administrar la cuenta del Ministerio de Justicia, sino también de viceministerios.

Señaló que esa cuenta está relacionada con el ciudadano José D. L., de quien aseveró que participó activamente de las Juventudes del MAS y en temas digitales.

José D. L. fue funcionario del Senado cuando Adriana Salvatierra era presidenta de la Cámara Alta y también es activista en redes sociales a favor del MAS.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, reveló que esa misma persona, José D. L., ya tiene una orden de aprehensión por el caso denominado “guerreros digitales”.

Anunció que en las próximas horas el Ministerio de Justicia presentará una denuncia por el delito de manipulación informática, por este caso.