No ha pasado ni medio año desde que vimos las imágenes de manifestantes exaltados que, al grito de “Ahora sí, guerra civil”, amenazaron a los paceños. La presidenta interina Jeanine Añez y el propio Congreso, con mayoría masista, contribuyeron a reducir los conflictos. 

Sin embargo, la tranquilidad tan anhelada para recuperar la paz social y llevar al país a nuevas elecciones se truncó. El 10 de marzo se confirmaron los primeros casos de gente que llegaba del exterior y que estaba infectada con el coronavirus. El 12 de marzo se decretó la suspensión de clases, la prohibición de eventos masivos y de vuelos internacionales, además del cierre de fronteras con los países vecinos. Se estableció el control del comercio con insumos médicos para evitar el agio y la especulación.

El grueso de la población acató estas medidas de forma consciente, pero no faltaron quienes aplicaron la vieja lógica de “la ley se acata, pero no se cumple”. Peor aún, algunos sectores seguidores de Evo Morales se dieron a la tarea de desinformar sobre la pandemia y llamar al desacato, particularmente en el Chapare, en algunos barrios de El Alto y en el Plan 3000 de Santa Cruz. La desobediencia y el avance lento, pero inexorable del coronavirus en el país, llevó a medidas cada vez más restrictivas. 

Un mes después de las primeras medidas vivimos una cuarentena muy dura en comparación con otros países. Excepto vehículos con autorización especial, se prohíbe toda circulación; los mercados y supermercados que venden alimentos se cierran a las 12 del día; de acuerdo con las cifras finales del documento de identificación, cada persona tiene el permiso de ir una vez por semana a hacer compras. Viajes dentro o fuera del país quedan totalmente prohibidos.

Las cifras terroríficas de personas fallecidas a causa del covid 19 en todo el mundo son argumentos que no dejan dudas sobre la necesidad de reaccionar con medidas estrictas para evitar más víctimas. Las fallas del sistema de salud de Bolivia, acarreadas de muy larga data, la falta de insumos médicos para hacer las pruebas de coronavirus y personal para atender a enfermos, son motivos convincentes para aceptar una política tan restrictiva. Pero también está la realidad de una parte de la población que vive del día a día y que, pese a los subsidios anunciados, no saben cómo pueden subsistir si no salen a ganarse la vida.

Tampoco falta gente que por razones políticas o religiosas o por simple falta de comprensión no llega a entender la magnitud de la amenaza que este virus conlleva, para ricos como para pobres, aunque los pobres estarán más expuestos por su frágil estado de salud y vulnerabilidad. 

Finalmente, no se puede cerrar los ojos ante el hecho que existen dirigentes que aprovechan la actual situación dramática para desinformar y llamar al desacato. Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que la demagogia y el amedrentamiento funcionan cada vez menos y que se imponen actitudes más racionales y responsables, consigo mismo y con la comunidad.

El número relativamente moderado de nuevas infecciones y de víctimas mortales, en comparación con otros países, y no sólo de la región, son prueba de que las medidas del gobierno fueron acertadas, aunque duras, y que en general, fueron acatadas.

 Por ello, no es comprensible el lenguaje cada vez más aguerrido de algunos ministros. La declaración del 10 de abril del ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Roja, marca un nuevo hito en el uso de un lenguaje beligerante e inapropiado. Decir que “estamos en guerra y estamos en guerra con un enemigo invisible” puede pasar como metáfora para resaltar el dramatismo de la situación que se vive.

 Sin embargo, afirmar que “como estamos en guerra, no vamos a discutir, los ciudadanos en tiempos de guerra sólo obedecen” es un exabrupto inaceptable que ni siquiera en esta situación excepcional es admisible. Si bien se entiende la necesidad de medidas drásticas y que éstas tienen que hacerse cumplir, pero el principio de autoridad no se consigue con amenazas e incapacidad de dialogo; menos aún, cuando es previsible que estas restricciones se tendrán que alargarse por un período relativamente largo, con los riesgos de “revueltas de hambre” que puede implicar. 

Renata Hofmann es socióloga.