Las primeras solicitudes en caer fueron en la Región Autónoma del Chaco, donde se estableció una especie de competencia primero por saber cuántas solicitudes se cursaban y después, por cuantas firmas se conseguían. No sé cuántos pedidos para el alcalde Ramiro Vallejos, otros tantos para el asambleísta Wilman Cardozo, otros más para los concejales y los asambleístas regionales.

Luego llegó la hora de la verdad y a unos y otros les entró la prisa no tanto por completar bien sus libros sino por hacerse la foto en la puerta del Tribunal entregando los libros y decir que lo habían logrado los primeros. Así pasó con el de Cardozo y el de Vallejos, que llegaron hasta el final y casi a trompicones.

Días después, el presidente del Tribunal Electoral Departamental Gustavo Ávila tuvo que explicar lo evidente, que no se habían cumplido ni los más mínimos requisitos. Ni siquiera se habían anotado las mismas cifras en el papel físico que en el digital. Seguramente tuvo ganas de hablar más fuerte, pero mantuvo unas formas excelentes para conservar la imagen de la Institución y de un proceso que está siendo devaluado en múltiples aspectos.

La cuestión, parece, era salir en el Facebook y viralizar el mensaje. Esto de la postverdad. En este camino, la historia contada por el promotor de los revocatorios contra el alcalde de Cercado Rodrigo Paz y el Gobernador de Tarija Adrián Oliva, Andrés Meriles, aún respetando la presunción de credibilidad, toca la alucinación.

Ya de entrada resulta difícil de creer que un personaje sin vinculaciones políticas evidentes se dedique a promover un instrumento cuyo costo es extremadamente elevado por los costos notariales y los libros correctamente habilitados, etc. Ni que decir del costo humano de promover la recolecta de más de 20.000 firmas. Cuando la historia acaba en una suerte de atraco a mano armada, con bidones de gasolina y sicarios que hurtan libros por las buenas el asunto bordea el paroxismo.

La suerte ha sido similar con los alcaldes de La Paz y Cochabamba, donde los fracasos a pesar de las fuertes campañas de respaldo han sido notorios, o están siendo. De esta forma, una herramienta política de primer orden se convierte en un mero espectáculo de reivindicación política de las peores consideraciones.

La herramienta del referéndum revocatorio es democracia directa, un ensayo todavía rudimentario de consultar al pueblo su opinión, pero que el propio poder se ha encargado de torpedear con un reglamento imposible de cumplir.

No es de extrañar que los alcaldes de Bolivia y algún otro político escurridizo hayan salido a criticar el procedimiento y a asegurar que no es positivo para la gestión. No hay duda que a quienes menos les interesa que estas cuestiones se diriman en las ánforas es a ellos mismos. Votar cada cinco años y olvidarse es una costumbre muy poco democrática.

Gobernar obedeciendo al pueblo debería ser algo más que un eslogan esgrimido para tomar decisiones polémicas o para bajarlas, escuchar al pueblo debería ser algo más ordenado que salir a marchar y bloquear caminos por semanas. El revocatorio, por ejemplo, es una forma de escucha activa que debería profundizarse. No se debería tener miedo de consultar al pueblo. Ni sobre la aprobación de la gestión, ni sobre la exploración en áreas reservadas, ni sobre la posibilidad de ser de nuevo candidato, ni sobre nada. Lo contrario es oscurantismo.

Es necesario, por tanto, implementar sistemas más ágiles y directos para tomar en cuenta de verdad la opinión del ciudadano. Huir de la burocracia o de asuntos tan obsoletos como la recogida de una inmensa cantidad de firmas con todas sus dificultades de forma y habilitar espacios en los que, de vedad, se escuche la voz del ciudadano no solo a la hora de ejecutar o juzgar la ejecución, sino en la planificación de las prioridades.