La autoridad dijo que esa instancia, en el último momento, está acostumbrada a "desinformar" a la población y afirmó que la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispone el traslado de los ciudadanos, pero siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad.

"Lamentamos esta forma de encarar desde la Defensoría del Pueblo el precautelar el derecho de los ciudadanos. Respecto al fallo, el tribunal dejó en claro que no es de su competencia valorar la constitucionalidad de los decretos emitidos hasta la fecha y reconoció que estas medidas de carácter progresivos no suspenden los derechos de las personas. Generar una movilización de 470 personas en el país es poner en riesgo a la población y eso será responsabilidad de la Defensoría del Pueblo que pretende jugar con la salud de 11 millones de bolivianos", reprochó Santamaría.

La resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia señala que el Órgano Ejecutivo “coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito, por las distintas situaciones que sea a su lugar de origen”.

Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo “las personas que se encuentran atrapadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, podrán retornar a sus hogares, efectivamente por razones "de urgencia y pertinencia", dispuso un fallo de la Sala Constitucional Primera del tribunal de justicia.

Santamaría aclaró que la resolución judicial sirve para ciudadanos que están varados dentro del país y no para los compatriotas que están en el exterior. "No se refiere en ninguna de sus partes a la situación en frontera, eso hay que dejar en claro, porque tenemos una Defensoría del Pueblo que está mal acostumbrada a desinformar y pretender hacer política con estas acciones", dijo.