Al ser consultada sobre esa posición, Cruz señaló que esa es una respuesta de “desesperación y miedo” por parte del Gobierno ante lo que se viene en el país con la pandemia, debido a que hay muchas carencias, como en pruebas de laboratorio.

“Lo que ha hecho la Defensora del Pueblo es realmente vergonzoso. Ella quiere hacer prevalecer los derechos de 400 personas por encima de 11 millones de bolivianos”, sostuvo Murillo en declaraciones a radio Panamericana. Explicó que una de las funciones de las autoridades gubernamentales es “defender la vida de los bolivianos” y que por ello se siente “muy molesto” por la “irresponsabilidad” con la que Cruz trabaja.

Cruz cuestionó la posición de Murillo porque en la audiencia del viernes los representantes del Gobierno no dieron ninguna respuesta a la Justicia cuando se les consultó qué política medidas prevé el Ejecutivo para estas 474 personas. Además, la Defensora indicó que debe primar un “criterio de igualdad” porque hubo vuelos solidarios para el traslado de personas que querían retornar a sus distritos, pero para este grupo que actualmente reclama no se hizo nada.

La noche del viernes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó el traslado “a su lugar de origen” de los bolivianos parados en distintos puntos del país por motivo de la cuarentena, en respuesta al recurso interpuesto por Cruz en contra la presidenta Jeanine Áñez y los ministerios de la Presidencia, de Defensa, de Gobierno, de Obras Públicas y de Salud.

Ayer, a través de su plataforma digital en Facebook la Defensoría comunicó que: “Ante la aparente disyuntiva planteada por el Gobierno respecto a proteger el derecho de alrededor de 700 personas con relación a los de 11 millones de personas, la Sala Constitucional ha expresado que bajo la teoría de los derechos éstos no son numéricos, pues los derechos humanos son indivisibles y “que no existe posibilidad de sacrificar un derecho por otro. La Defensoría del Pueblo no planteó una oposición a las normas emitidas por el Gobierno, que protegen el derecho a la salud vinculado a la vida, sino pidió la protección del derecho a la locomoción vinculado a los derechos a la salud y a la vida”

El Ministerio de Gobierno respondió a través de un comunicado oficial que “La Defensoría del Pueblo falta a la verdad porque el memorial presentado por esta instancia es impreciso, ya que presenta una lista de 470 presuntos afectados, pero no señala ni el lugar donde se encuentran. El Gobierno debe trabajar por el bienestar de mpas de 11 millones de bolivianos y la acción defensorial pone en peligro a la población que estuvo incumpliendo la cuarentena precautelando su salud y la del resto. Es prudente recordar que, gobernaciones y gobiernos municipales también emitieron sus propios autos de buen gobierno y decretos que prohíben la movilización en sus territorios. Por tanto, la acción de la Defensoría del Pueblo denota claramente una motivación política”

Cruz negó tener un móvil político, así como el alcalde de Colchane (Chile), Álvaro García, quien pide que se deje retornar a cerca de 700 bolivianos que permanecen en su municipio y se ven impedidos por el cierre de fronteras que dictó el Gobierno para prevenir el coronavirus.