El distanciamiento social y la solidaridad marcan esta época de pandemia. El miedo provoca un rechazo racional al contacto físico, a la presencia cercana del prójimo, quien es percibido como un factor de riesgo; induce al enmascaramiento parcial del rostro, borrando una seña de identidad. La intersubjetividad se disuelve porque lo colectivo se subordina al egoísmo individual. Su contracara es la solidaridad, aquella que surge ante la desgracia ajena, ante la necesidad o el dolor de los familiares, las amistades, los vecinos. También ante la desgracia que viven personas ajenas y lejanas que necesitan respaldo: los marginados, los pobres, los repatriados, discriminados y maltratados, con mujeres y sus hijos/as como principales víctimas.

Si estos son los efectos en conductas y emociones, ¿cuáles son las condiciones sociológicas y políticas que inciden en la respuesta a la pandemia? El primer aspecto a destacar es la debilidad estatal, a pesar de que en la última década el Estado amplió su capacidad, merced a la estabilidad económica y las políticas distributivas y redistributivas. Caso contrario, la pandemia hubiera sido catastrófica. Un segundo elemento tiene que ver con el talante ilegítimo del Gobierno, que encaró la gestión de la crisis mediante un plan basado en el amedrentamiento, mediante decretos que limitan la libertad de expresión y el uso de la fuerza policial y militar, con una represión selectiva concentrada en los bolsones electorales del MAS.

Estas condiciones no son proclives para una necesidad que irá creciendo. Me refiero al establecimiento de una instancia de diálogo entre las principales organizaciones políticas, ya sea para enfrentar una posible debacle estatal, encarar la inevitable crisis económica y encauzar el proceso electoral. Ciertos acuerdos políticos, así sean procedimentales, son imprescindibles para enfrentar la coyuntura y el futuro inmediato.

La decisión gubernamental de decretar la cuarentena fue acertada. Empero, era indispensable realizar una tarea coordinada con los gobiernos subnacionales. Asimismo era imprescindible propiciar acuerdos con la sociedad, habida cuenta de la vasta red de organizaciones que son los medios que usan los sectores populares para canalizar sus demandas y plantear alternativas. Hace días, las federaciones campesinas del Chapare distribuyeron víveres en los barrios de Cochabamba, en una muestra de la eficacia de la acción sindical para fines solidarios. Es un ejemplo de la enorme capacidad organizativa de la sociedad formalizada en sindicatos, comunidades y juntas de vecinos, que puede ser utilizada como un tejido apto para mejorar la gestión de la crisis sanitaria y resolver problemas de abastecimiento; pero no existen señales de acercamiento por parte del Gobierno.

Al contrario, su respuesta es el silencio o la amenaza. El Gobierno tampoco apela a la base social que se articuló en las ciudades mediante plataformas ciudadanas, sobre todo en zonas de clase media, y que tuvieron una fuerte capacidad movilizadora en octubre y noviembre del año pasado. Estos días no existen señales de su existencia denotando el carácter episódico e instrumental de un accionar motivado por objetivos políticos. No fueron impulsadas por la solidaridad ni el bien común, sino por el revanchismo y la polarización. Por eso, no se transformaron en capital social, algo que hubiera sido muy útil en estos días de pandemia. Como siempre, la esperanza sigue radicando en lo nacional-popular, a pesar de la bruma que, desde hace cinco meses, impide vislumbrar el derrotero de nuestro país.