Junto a la compleja crisis sanitaria y los profundos problemas económicos también se avecinan dificultades sociales de envergadura. Es altamente probable que enfrentemos conflictos distributivos que pueden minar los precarios equilibrios políticos en Bolivia. 

Existe el temor fundado de que el coronavirus y su forma de combate - la cuarentena- estén afectando con mayor contundencia a los más pobres de la sociedad. Éstos tienen una menor posibilidad de evitar los contagios debido a la baja capacidad de preservar ingresos y empleo (viven al día), los problemas de hacinamiento que enfrentan (número de personas por domicilio) y el precario acceso a servicios básicos, como agua y salud que tienen. La mayoría de estos grupos están empujados a jugar una ruleta rusa: correr el riesgo de contagiarse en las calles y seguir vendiendo o no comer. 

Bolivia es un caso extremo de vulnerabilidad frente a la pandemia debido a su gigantesca economía informal. La dupla coronavirus/cuarentena han desenmascarado la persistencia de la desigualdad social y la fragilidad de los avances en la reducción de la pobreza medida por ingresos.

El modelo económico impulsado por el gobierno de Morales apostó a inflar una burbuja de consumo en el sector comercial y de servicios de muy baja productividad. Descubrió que la informalidad era la fase superior del capitalismo y la impulsó con talento irresponsable. La política económica del populismo extractivista condenó a millones de trabajadores a tener actividades y empleos muy precarios y a vivir al día.

Pero también ayudó a concentrar la riqueza en especial en manos de una burguesía comercial que no paga impuestos. En Bolivia, la economía informal llega al 62% de todo el aparato productivo. Esta es la participación más alta del mundo. El 80% de las personas tiene un empleo en este sector. 

A la fragilidad y vulnerabilidad de estos grupos sociales se adiciona la baja calidad en la dotación de servicios básicos, como educación, saneamiento básico y agua. El ejemplo más dramático es el desastroso sistema de salud. La reducción de la pobreza multidimensional en Bolivia no avanzó, cuando pudo haberse implementado un cambio significativo debido a la bonanza económica. En suma, el cuerpo económico y social de Bolivia enfrenta al coronavirus y la crisis recesiva con dolencias de base muy graves. 

El gobierno boliviano actual ha lanzado una serie de medidas que intentan contener el efecto del coronavirus y de la crisis económica ayudando a ciertos grupos sociales. El pago de bonos, el subsidio por tres meses de servicios públicos, la entrega de canastas básicas en dinero y otras son los mecanismos encontrados para compensar los grupos más vulnerables. Estas compensaciones, si bien son avances, adolecen de tres desafíos:

a) Las dificultades logísticas de implementación. ¿Cómo se llega a la gente más pobre que está en el sector informal, a menor costo, de manera más eficiente, segura y justa? b) El descontento de grupos, de diversa índole,  que consideran que no están siendo atendidos de manera adecuada y que se preparar a presionar al Estado. c) La escasez de recursos financieros.

Han surgido de éste diversos sectores sociales y empresariales reivindicaciones que buscan algún tipo de compensación. Muchos de estos requerimientos, vistos individualmente, son justos, correctos y legítimos, pero agregados sobre escasos recursos públicos, pueden tener un resultado colectivo desastroso. Por supuesto que también existe oportunismo político y conspiración.

En una sociedad tremendamente heterogénea y con un sector informal tan grande es sumamente complejo compensar la crisis económica y salir de la cuarentena.  Estamos frente a una bomba de tiempo social. 

¿Qué curso podrían seguir estos conflictos y cómo gestionarlos? Pues pueden existir tres caminos. El primero es que un gobierno débil atienda de manera desorganizada a todas las reivindicaciones sociales y esto genera enormes desequilibrios macroeconómicos, como el descontrol del déficit público y, lo que es peor aún, aumento de la inflación. Bolivia siguió esta vía a mediados de los años 80, durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP).

 Un segundo camino es el autoritarismo. El gobierno busca controlar los conflictos distributivos con mano dura. La dictadura de Banzer es un ejemplo de esto. Una tercera opción es un pacto social y político que tenga base en una reforma tributaria y un presupuesto plurianual. Es decir, acordemos cómo distribuir las pérdidas y ganancias de corto y largo plazo de la crisis económica y social y rediseñamos colectivamente el patrón de desarrollo.

Gonzalo Chávez A.  es economista.