La pandemia del Covid-19 alarma a los organismos internacionales, pone en ascuas a los gobiernos y preocupa a la población, pues su efecto sobre la salud y la economía es patente. Para frenar el avance de dicha enfermedad antagonizan las opciones de la cuarentena total versus el aislamiento focalizado sin detener la economía, en un escenario con más de 1.000.000 de contagiados y varias decenas de miles de muertos, lo que irá en aumento al no haber aún una vacuna para contener el contagio ni un medicamento para sanar el mal.

Bolivia, no exenta del impacto socioeconómico de tan grave crisis sanitaria y humanitaria, deberá resolver esta disquisición: prolongar, o no, la cuarentena más allá del 15 de abril, ya que de continuar paralizada la economía, muchas empresas quebrarán y muchísimos trabajadores perderán su empleo.

El Gobierno boliviano ha dispuesto una serie de destacables políticas para contener el contagio, atender la urgente necesidad de alimentación y dar liquidez a las empresas, pero como toda medida contingente, su duración es limitada. El temor es que si la economía no se reanima, existe el riesgo de una eclosión social, algún atisbo de lo cual se ha visto ya, lo que echaría por tierra los esfuerzos de contención del virus.

Frente a esta crisis, dejando atrás las mentirillas –develado el “auge económico” producto de la bonanza mundial–, urge tomar medidas, aquí y ahora, para que la economía vuelva a funcionar, lo que supone la necesidad de un doble shock de oferta y demanda, permitiendo a las empresas seguir invirtiendo con las seguridades del caso, producir bienes y servicios para el mercado nacional y extranjero, y generar con ello empleos e ingresos para las familias, y divisas e impuestos para el Estado. Eso, por el lado del empresariado.

Para ello, se impone un cambio de modelo que apueste por las micro, pequeñas, medianas y grandes unidades productivas, comerciales y de servicios, permitiéndoles que hagan lo que saben hacer. Esta es la tarea para los gobiernos central, departamental y municipal.

Para el resto de la sociedad civil –academia, trabajadores, consumidores– queda la alta responsabilidad de apoyar las reformas necesarias en materia tributaria, laboral, judicial, etc., respetando las normas de salud a fin de no retroceder en lo avanzado.

Así, tendremos la oportunidad de forjar un nuevo modelo económico donde concurra no solo la mano invisible del mercado, sino también la mano de la justicia del Estado y la mano fraterna de la solidaridad.

El autor es economista, magíster en comercio internacional