El MAS tuvo una muy buena iniciativa al proponer en el Legislativo dos leyes destinadas a ayudar a las empresas y personas afectadas por las medidas tomadas para contrarrestar la expansión del coronavirus, y a fortalecer en algo el sistema sanitario.

Las bancadas del MAS en ambas cámaras, que tienen dos tercios de los votos, aprobaron dichas leyes y fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación. Como habían sido iniciativas asumidas por el MAS existían dudas de qué es lo que iba a hacer el Ejecutivo. Al final, con buen criterio, promulgó las dos normas.

Una de las leyes es la que ordena el diferimiento del pago de créditos bancarios por un plazo de seis meses posteriores a la contingencia; con ello, empresas y personas pagarán su próxima cuota en septiembre u octubre, dependiendo de cuándo concluya la emergencia sanitaria.

Esta Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal de Pago de Servicios Básicos aumentó el plazo inicialmente dado por el gobierno, que era suspender por dos meses, y solo el pago del capital, la cancelación de los créditos. La norma también contempla que el Estado pagará el consumo de energía eléctrica si ésta es menor a los 120 bolivianos y cubrirá en un 50% el consumo de agua potable y 30% del de gas domiciliario. El tema del pago de luz y agua ya había sido aprobado antes por decreto supremo.

La otra ley, de “Prevención, Contención y Tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19)”, agiliza la asignación de recursos, autoriza la gratuidad en el tratamiento de  enfermos y ordena la flexibilización laboral.

Estas son iniciativas positivas, como decimos, porque ayudan a los agentes económicos (y ello incluye a los individuos) a seguir activos en medio de la parálisis que se avecina. Ambas medidas, además, son razonables, no implican para la economía nacional un trastorno insalvable. Por ejemplo lo bancos, afortunadamente, tienen los recursos suficientes como para no cobrar el pago de préstamos durante este período. Los cobrarán al final de cada crédito.

Y también actuó bien el Ejecutivo: sin mayores dilaciones, promulgó ambas leyes y celebró que pudiera haber una coordinación adecuada entre ambos poderes. También es verdad que el gobierno hubiera enfrentado un costo político si vetaba las leyes, sobre todo la de los créditos, ampliamente popular y ansiosamente esperada por personas y empresas.

Ojalá este espíritu más razonable de comportamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo prosperara y se repitiera en el futuro. La cooperación, en vez de la competencia, es crucial en estos tiempos.