La Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que un decreto emitido por el Gobierno de Jeanine Añez “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho y que “la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia”.

El órgano estatal respondió así a un pronunciamiento que hizo el martes Human Rights Watch (HRW), la institución internacional de vigilancia de los derechos humanos, en sentido de que tal decreto, que establece medidas contra la propagación del coronavirus, “incluye una disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

Mediante un comunicado, la PGE dijo “ha efectuado un análisis jurídico minucioso de la observación de HRW sobre el artículo 13 párrafo II del Decreto Supremo 4200 del 25 de marzo de 2020, respecto a una posible restricción a la libertad de expresión, y ha concluido que aquella disposición normativa es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos”.

El 25 de marzo, la Presidenta dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) señala que "las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública".

Según la PGE, “la finalidad de la norma (el decreto) es la prevención de desinformación y no la restricción a la libertad de expresión”.

El propósito del decreto “es el de generar conciencia en la población sobre la transmisión de información errónea o falsa sobre el coronavirus que atenten contra la salud y las acciones gubernamentales tendientes a su mitigación; mas no prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a aquella emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales”, agregó el organismo en su pronunciamiento.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, sostuvo esta semana que “el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta', y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.

La PGE aclaró que el decreto presidencial 4200 “en ninguna parte establece sanciones penales, no tipifica conductas, ni atribuye a ninguna autoridad la concesión de potestades de sanción penal. Mucho menos hace definiciones sobre qué es delito y qué no es; pues solo ratifica la facultad de denuncia penal que toda persona tiene ante el conocimiento de hechos que atenten contra la salud pública, tal como acontece con todos los demás delitos del Código penal boliviano”.

El comunicado agrega que el Estado boliviano se encuentra sometido al “Principio de Lesividad Penal”, el cual establece que “solo son punibles las conductas que objetivamente provoquen una lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, que en el caso del Art. 13 Par. II del DS N° 4200 no es otro que el de la salud pública, excluyéndose así de este ámbito de punibilidad, a toda conducta al margen de esa afectación, de manera que el derecho a la Libertad de Expresión se mantiene absolutamente incólume y rige a plenitud en el país”.