El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció ayer que pagaron a Bs 300 a las personas que generaron violencia en la frontera con Chile atacando incluso a efectivos militares.

“Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, con nuestros sistemas de inteligencia, ver que se está pagando Bs 300 por cada persona para que hagan esto”, dijo Murillo, en conferencia de prensa.

El pasado sábado, 480 connacionales ingresaron de manera pacífica cumpliendo todos los protocolos desde la localidad chilena de Huara hasta la población boliviana de Pisiga, donde el Gobierno instaló un campamento, denominado “Tata Santiago”, para que cumplan 14 días de cuarentena.

Ayer, otro grupo de ciudadanos bolivianos intentó entrar al territorio nacional por el mismo sector, pero lanzando piedras a los militares que resguardan la frontera e incluso quitando un arma de fuego a uno de los uniformados.

“Buscan desestabilizar el Estado, lo que no pudieron hacer en noviembre (del año pasado ahora) están tratando de hacerlo aprovechando la crisis que hay por el coronavirus; es terrible que el Movimiento Al Socialismo, que el ex presidente Evo Morales, buscado por terrorismo, esté alentando a su gente, esté enviando gente para tratar de desestabilizar a un gobierno”, manifestó.

Sin embargo, confirmó que todas las personas involucradas en el violento hecho serán procesadas, tal como ocurrió con los 35 sentenciados en los últimos días por atentar contra la salud pública rompiendo la cuarentena dictada por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus covid-19.

“El atentado contra la salud es un delito grave, tiene de uno a 10 años de cárcel; no estamos jugando, estamos trabajando para defender la vida de los bolivianos”, aseveró.

Agregó que se exigirá a la justicia aplicar toda su fuerza y dureza para que la gente que trata de engañar, de mentir y confundir al pueblo boliviano sea juzgada como corresponde.